Un cuadro puntillista

Paolo Sosa Villagarcia

Publicado en EsAhora el 02/05/2016

¿Qué es el fujimorismo hoy?

Tenemos que partir por señalar que el fujimorismo, hoy, es la fuerza política más importante del país. No se trata de un deseo o una buena nueva, es simplemente una realidad que no debe ser negada. Además de ser una fuerza importante, tiene una organización política considerable y un liderazgo bastante importante en Keiko Fujimori, situaciones que se reflejan en su dinámica electoral y parlamentaria. Sin embargo, mirar al fujimorismo es como mirar un cuadro de técnica puntillista: cuanto más se acerca uno más se desfiguran las formas, los límites, las estructuras y, hasta cierto punto, las jerarquías.

Algunos análisis proponen que existe una “refundación en la ideología fujimorista”. No estoy de acuerdo. Primero porque nunca ha existido una “ideología fujimorista” más allá de un conjunto de “ideas fuerza” que han delineado la marca partidaria de mano dura o la estabilidad económica. La actual estrategia de moderación de Keiko Fujimori es, entonces, una apuesta fundamentalmente personal; una mezcla de convicción de cambio para consolidar su liderazgo interno y de posicionamiento con miras al electorado nacional más allá de los leales fujimoristas.
De la mano de su lideresa, el fujimorismo transita hoy –dubitativo- por la senda de la política partidaria que su patriarca prometió destruir en 1990. Esto no significa que estamos frente a un partido político consolidado, se trata de un oasis dentro de un mar de desorganización, un rey tuerto en una comarca de ciegos. El fujimorismo tiene una lideresa que carga, parafraseando sus propias palabras, con dos mochilas pesadas: el gobierno de su padre y el trabajo “solitario” de construir un partido.

Mientras la lideresa ha anunciado a los cuatros vientos la voluntad institucionalista del fujimorismo, en las bases todavía hay una resistencia importante a reconocerse como un partido político. Los locales partidarios de Fuerza Popular son muy activos, incluso mucho tiempo antes de la campaña, pero más allá de las “tareas partidarias”, son centros que funcionan principalmente como espacios de encuentro y socialización entre simpatizantes y curiosos; algo que, por otro lado, no debería subestimarse.

¿Cómo se explica su vigencia?

Las encuestas muestran que una parte importante de su vigencia es el voto “memorioso” frente al gobierno de Alberto Fujimori; un detalle que reclaman los propios fujimoristas ante su lideresa. Habría que empezar a reconocer que, a pesar de todo, Alberto Fujimori terminó su mandato como un presidente muy popular y, lamentablemente, los avances de los gobiernos democráticos no lograron consolidar una alternativa frente al espejismo de eficiencia noventera. Los análisis más cuantitativos apuntan que el fujimorismo aparece bien posicionado en sectores de desarrollo medio y bajo en zonas rurales. Esta situación es particularmente interesante en el caso de Lima donde además ha logrado llenar el espacio vacío que dejó Ollanta Humala, como ha señalado Carlos Pérez (UARM).

Otro de los factores importantes es la organización antes mencionada. El trabajo de Keiko Fujimori en los diferentes departamentos ha servido para afianzar a los colectivos locales pero, sobre todo, para tender puentes con aliados independientes e invitar a buenos candidatos locales con miras a las elecciones. Las elecciones subnacionales de 2014 fueron un laboratorio para experimentar con “viejos y nuevos”, logrando posicionar un millar de candidaturas a nivel nacional. Sin embargo, esta estrategia tiene costos importantes en las elecciones congresales pues trajo consigo conflictos y rompimientos importantes en algunas regiones como Arequipa o Cusco, y una composición bastante heterogénea en su bancada que podría desencadenar complicaciones en un eventual gobierno fujimorista.

Precariedad ministerial

Paolo Sosa Villagarcia

Publicado en Revista Intercambio N° 30, marzo de 2015.

Ollanta Humala podría “romper un record” en la designación de presidentes del Consejo de Ministros. A tres años de gobierno, Humala cumplió con la “cuota” máxima (6) que han dejado sus predecesores al estrenar a Ana Jara como presidenta del Consejo de Ministros. Esta “desfiguración” de lo que representan los primeros ministros –motes con los que se conoce a esta figura aunque formalmente no lo sean dentro del sistema peruano- es un fenómeno que alcanza a los periodos de gobierno anterior, aunque claramente con Humala ha cobrado una forma exagerada. ¿En qué consiste esta desfiguración? Hoy por hoy la figura del premier se ha trivializado.

El cambio del presidente del Consejo de Ministros podría significar la posibilidad de negociar, dándole al nuevo hombre o mujer de confianza el incentivo de poder reconfigurar al gabinete, especialmente cuando se buscan tender puentes entre los fragmentos del partido de gobierno o la oposición. Sin embargo, esto ha ido diluyéndose progresivamente. Como señalamos junto a Rodrigo Barrenechea en un artículo del año pasado, refiriéndonos a la designación de Villanueva, en la actualidad la característica fundamental de este tipo de cambios es la total ausencia de cambios importantes. Esta imagen queda representada con fuerza en el cambio de René Cornejo por Ana Jara. Y no es para menos que esta situación preocupe particularmente en el gobierno de Humala.

Desde la caída del gobierno de Alberto Fujimori hemos tenido 16 presidentes del Consejo de Ministros, de los cuales solo 9 han formado parte de un grupo político -por lo general el de gobierno-, los demás son “independientes”. Si vamos más allá y hacemos una especie de Top 5 de primeros ministros con menor duración en los tres últimos gobiernos (Toledo, García y Humala), encontramos a Salomón Lerner, César Villanueva y René Cornejo. Tres de cinco son de la gestión nacionalista. Vale la pena resaltar que Ana Jara es la tercera mujer en el cargo, paradójicamente precedida por las dos primeras ministras de ese top 5, Beatriz Merino y Rosario Fernández. Sin embargo, no todo son malas noticias.

Concentrémonos por un momento en la participación de mujeres en los gabinetes. En el primer gobierno aprista, la designación de mujeres en cargos ministeriales (4 veces) fue visto como un hecho anecdótico, pero que marcaba el ingreso de la mujer a estos cargos ejecutivos. Un hecho, vale decirlo, tardío para el resto de América Latina donde las mujeres empezaron a ocupar este tipo de funciones algunas décadas atrás. Durante el fujimorato, esta “cuota” de mujeres se incrementó hasta llegar a 6 nombramientos, mientras que en el gobierno de Alejandro Toledo se llego a duplicar esta cifra. Durante los gobiernos de Alan García y Ollanta Humala esta cifra se encuentra por encima de la quincena de nombramientos.

Este optimismo debe ser relativamente matizado. Esto debido a que la mayor parte de estos nombramientos concentran a mujeres en despachos que son vistos como “femenino” (Mujer y Poblaciones Vulnerables, por ejemplo). Sin embargo, resalta que desde el retorno a la democracia se hayan nombrado a mujeres como jefas del gabinete, o que en el gobierno de Alan García una mujer, Mercedes Aráoz, haya sido nombrada como ministra de Economía y Finanzas. Más recientemente, resalta el último nombramiento de Ollanta Humala a una mujer, Rosa María Soledad Ortiz Ríos, como ministra de Energía y Minas por primera vez en la historia.

Volvamos a la mirada de los gabinetes. Queda claro que el gobierno de Ollanta Humala ha ido perdiendo oxígeno. El rápido desgaste en sus gabinetes ha sido significativo y ha tenido efectos observables en la dinámica política del gobierno. Humala se deshizo rápidamente de un primer gabinete ecléctico que representaba a las fuerzas políticas que lo habían ayudado a llegar al poder, para dar un bandazo hacia un cuadrante más conservador del espectro político con la designación de Valdez ante la crisis de Conga en Cajamarca. Posteriormente, la gestión logró estabilizarse y reacomodarse en el centro con el nombramiento de Juan Jiménez Mayor, frente a un gabinete de independientes, quién ha sido el primer ministro que más tiempo ha durado en el cargo. Esta situación promovió un clima de negociación y acercamiento con algunas fuerzas políticas y su salida significó el inicio del desgaste político del gobierno nacionalista.

A partir de este momento, el gobierno ha ido de tumbo en tumbo, inmolando ministros ante espacios de tensión y echando mano de viceministros o de profesionales independientes para mitigar la falta de cuadros políticos de su propio grupo para llenar estos espacios vacíos. En menos de un año, luego de la salida de Jiménez, tres primeros ministros juramentaron en palacio, entre ellos un líder regional que fue sacrificado sin ningún reparo. Pero no es solo una dinámica interna; luego del descalabro de la bancada nacionalista, al gobierno le ha costado cada vez más lograr un mínimo consenso en el parlamento respecto a sus gabinetes. Lo que ha generado este constante recambio y precariedad es, como han señalado algunos analistas, que el gobierno tenga ministros políticamente inexpertos en áreas clave, lo cual ha favorecido a que la oposición pueda cuestionar y asediar las políticas propuestas por el gobierno. Las frases y estrategias inoportunas de algunos ministros en la defensa de la Ley Pulpín es un claro ejemplo de este escenario.

Ante esta situación, el último cambio –tan pragmático como los anteriores- ha sido importante para solucionar los impasses que han tensionado la política peruana en los últimos meses. Sin embargo, algunos mensajes parecen clave. En primer lugar, la continuidad de Ana Jara parece confirmar que no será parte de la campaña presidencial del 2016 -que algunos veían posible- puesto que arriesgaría mucho Ollanta Humala en hacer un cambio de último minuto en el gabinete para permitir esta postulación. En segundo lugar, parece que el general Daniel Urresti se ha convertido en la ficha clave para la estrategia futura del nacionalismo. No hablemos de ganar una elección, pero sí de lograr posicionar a un grupo de congresistas significativo en el próximo parlamento. Esto es clave para un gobierno que, hasta hoy, parece que dejará el poder en manos de sus opositores.

Cusco: Después de la duda, la incredulidad

Paolo Sosa Villagarcia

Publicado en Revista Intercambio N° 26, abril de 2014.

La región Cusco pasa por uno de sus momentos más críticos. La combinación entre manejos deficientes y la drástica reducción presupuestal han dejado al Gobierno Regional casi en la banca rota. Esta dramática situación ha generado importantes retrasos en el cumplimiento de obras y de los propios haberes de trabajadores desde el último trimestre del año pasado, y finalmente ha conducido a una reducción drástica de personal de línea y de proyectos que dependen del gobierno regional.

En términos políticos, la inhabilitación del, hoy, ex presidente regional Jorge Acurio significó un breve pero duro episodio de crisis que ahondó la percepción de precariedad económica. El nombramiento de René Concha, vicepresidente de Acurio, como nuevo presidente regional no significó necesariamente continuidad, por el contrario, se insistió en el reordenamiento de las gerencias regionales, la solución del problema presupuestario[1], y el desarrollo de un plan a corto plazo con posible interés en las elecciones de este año. Esta situación ha removido las aguas calmas de la política electoral regional, donde hasta hace unos meses se tenía por segura una reelección de Acurio.

Pero la tensión política no solo alcanza a las autoridades regionales. Cusco, uno de los baluartes del nacionalismo (2006 y 2011) ha sentido el revés humalista con más fuerza. La apuesta nacionalista no solo se circunscribió al apoyo (más del 90% de los votos) a Ollanta Humala, sino en la elección de Acurio como parte de Gana Cusco, así como del total de congresistas (5) por la región, de los cuales solamente Verónika Mendoza ha tomado distancia del gobierno actual para formar parte de la bancada Acción Popular/Frente Amplio. El desencanto y la falta de legitimidad de estas autoridades se dejaron sentir en las últimas protestas registradas en la región.

El drama regional, sin embargo, es precisamente no tener una agenda regional a mediano y largo plazo; en buena parte por la virtual inexistencia de una élite política regional con la capacidad de articular los intereses diferenciados, cuando no opuestos, de las provincias más allá de la capital cusqueña. Es importante señalar lo sintomático del localismo de buena parte de la prensa política regional[2], incluso a espaldas de los problemas más importantes de provincias como Espinar o La Convención, cuyas prerrogativas se subordinan a la decisión de la capital[3]. La “dinámica regional” en relación a las tensiones centro-periferia no son muy diferentes a las dinámicas nacionales, es más podría verse como un juego de muñecas rusas.Hace unas semanas, los reflectores nacionales se concentraron por breves minutos en una paralización articulada, básicamente, alrededor de la demanda contra la postergación de la licitación de las obras del Aeropuerto Internacional de Chinchero. Tanto en las asambleas populares previas como en el desenlace de la medida de lucha, las autoridades regionales y el presidente Ollanta Humala fueron el blanco de la crítica y repudio de los sectores aglutinados en las demandas. En dos años de gobierno humalista, Cusco ha pasado del optimismo a la duda, y de la duda a la incredulidad.

La mediación política de este escenario debería pasar por una élite política regional, pero encontramos autoridades deslegitimadas, una constelación de personalidades políticas más que alternativas programáticas y organizaciones sociales muy fragmentadas. La elección de autoridades parece determinada por una serie de eventos (des)afortunados antes que por una carrera política. Ni qué decir de la imagen que deja tener a un ex presidente regional en la cárcel y a otro con prisión suspendida. Es cierto que dentro de esta panorámica de la última década encontramos notables excepciones, pero basta con resaltar esa última palabra. Para completar el cuadro, encontramos a las “fuerzas sociales” más concentradas en revertir los efectos del neoliberalismo que en pensar la región. Si la causa de todos los problemas es el modelo económico nacional, pensar en las alternativas regionales y reconciliar las brechas entre las lógicas de desarrollo de la capital cusqueña y el resto de la región son ejercicios de segundo orden.


[1] El objetivo del Gobierno Regional es solucionar el problema adelantando los recursos del canon y apelando a Bonos Solidarios.
[2] La prensa local, salvo las infaltables excepciones, está más interesada en obtener réditos económicos por su estatus “fiscalizador” antes que ejercer esta característica propiamente dicha.
[3] El paro regional “contundente” se articuló en base a una prerrogativa vinculada al turismo y el desarrollo del comercio de la capital, otras iniciativas de lucha similares emprendidas por las demás provincias no tienen el mismo alcance. De hecho, la provincia de La Convención no participó en el último paro regional.

 

 

Una mirada al Congreso desde el caso de la “repartija”

Paolo Sosa Villagarcia

Publicado en Boletín del Observatorio de Actualidad de la Escuela de Gobierno – PUCP

Los reveses democráticos en América Latina durante las últimas dos décadas han sido conducidos por outsiders que no saben o  no pueden gobernar en democracia. En un contexto democrático que requiere negociación con otros poderes del Estado y otras fuerzas políticas el precio de la novatada es pagado con el cierre del Congreso, purgas en el Poder Judicial o en los organismos autónomos para copar estos puestos con personajes afines al gobierno. Esta imagen del Ejecutivo ha recorrido el famoso tema de la “repartija”, pero el desarrollo del caso a través de la recopilación de declaraciones y noticias en el informe sistematizado por el Observatorio de Actualidad nos da otra perspectiva.

Esta dinámica ha funcionado en situaciones en las que la retórica del outsider ha enfilado contra la clase política tradicional. Situación que también ha sido evocada recientemente por los manifestantes contra estas medidas. Sin embargo, con Fujimori, el Perú liquidó aquello que pudo ser su cuerpo político tradicional. Ya sabemos que no tenemos partidos políticos, salvo un par de casos que a duras penas reclamarían este título. En el Congreso vemos bancadas que representan alianzas de organizaciones políticas  personalistas, personalismos que no constituyen una “clase política” sino exactamente lo contrario.

En ese contexto es más fácil que la negociación parlamentaria pase por intereses menos “institucionales” o representativos. Un Congreso con partidos no está exento de esto, pero sí menos expuesto. Esta situación además está sazonada con la poca habilidad de los congresistas al establecer una terna de candidatos que fueron repudiados por uno u otro motivo por distintos frentes en la sociedad y los medios. Aquí no obra la ignorancia sino la precariedad del cargo, la ausencia de políticos de carrera a los que se les pueda sancionar. Los índices de reelección en el Congreso son ínfimos, la mayor parte de congresistas no tiene como objetivo hacer una carrera parlamentaria.

Como señala Jorge Valladares, la renovación del parlamento peruano no solo ocurre con las elecciones, es un proceso constante por la progresiva atomización de las coaliciones y la simbiosis entre sus fracciones. A inicios de julio, por ejemplo, las bancadas de Alianza por el Gran Cambio y Perú Posible se manifestaban a favor de un candidato oficialista para presidir el Congreso de la República. Un mes más tarde, Freddy Otárola juramentaba como titular del Legislativo y estas dos bancadas se desangraban para conformar un nuevo grupo: Unión Regional. En un contexto que rechaza a la clase política desde hace más de veinte años, las declaraciones y comportamiento de los parlamentarios a lo largo del caso nos sugiere más bien que sería momento de exigir una clase política responsable.

El contexto no parece ser el de un Ejecutivo megalómano, de hecho se trata de un gobierno que surca frágilmente sus propias tormentas como para enfrentarse a los otros poderes u organismos autónomos. Cuando Ollanta Humala se enfrenta a la Defensoría del Pueblo, está poniéndose delante de una de las instituciones con mayor prestigio entre la ciudadanía, mientras que los “chavinaudios” han puesto en aprietos al gobierno por la supuesta injerencia en el Poder Judicial. El contexto responde a la continuidad de las relaciones de representación deterioradas –alguien podría decir que nunca existieron tales relaciones- por la ausencia de políticos de carrera y la devaluación del accountability vertical.

Consulta Previa: Las tensiones al interior del Ejecutivo

Paolo Sosa Villagarcia

Publicado en Boletín del Observatorio de Actualidad de la Escuela de Gobierno – PUCP

El debate público sobre la gestión de Ollanta Humala se ha centrado en los “desbandes” con temas como Repsol, sin embargo, uno de los temas más álgidos ha sido la implementación del derecho a la consulta previa. En estos dos años hemos escuchado dos argumentos: por un lado las denuncias de “impulsos chavistas”, y por otro el reclamo ante el “arrinconamiento” del gobierno por parte de los grupos empresariales dando la imagen de un “Estado capturado”. Sin embargo, temas como la consulta previa nos ayudan a observar un cuadro más complejo (aunque no exento de esta simplificación) en el que es necesario observar más allá de las contradicciones entre “el Estado”, los grupos empresariales y los grupos sociales organizados, observando también las propias fricciones al interior del Estado, comúnmente visto como algo monolítico y estático.

El proceso de reglamentación de la Ley de Consulta Previa dejó como saldo un resquebrajamiento en la relación entre las organizaciones indígenas nacionales pertenecientes al Pacto de Unidad quienes iniciaron un cuestionamiento general no solo de la reglamentación sino de la propia ley, situación ante la cual el Viceministerio de Interculturalidad (VMI) apostó al trabajo de fortalecimiento de relaciones con las organizaciones locales. Sin embargo, la ecuación no terminó de ser feliz. A pesar de las favorables declaraciones públicas de los grupos empresariales sobre la ley de consulta, dentro del Ejecutivo sí se hizo evidente una tensión al respecto. Aunque silenciosa, esta tensa  calma se rompió cuando se hicieron públicos los altercados entre el titular del sector de Energía y Minas (Minem) y el viceministro Iván Lanegra.

La primera gran disputa en ese sentido ubicaba al VMI entre dos posiciones maximalistas. Si por un lado las organizaciones indígenas demandaban una mayor cobertura en términos de quiénes son los sujetos del derecho, algunos sectores dentro del Ejecutivo pugnaban por una menor cobertura y la exclusión de las comunidades andinas.  En ese contexto las demandas por la publicación, extemporánea, de la Base de Datos Oficial de Pueblos Indígenas y la Guía Metodológica, encargadas al VMI, fueron un recurso político para dilatar las demandas de implementación del derecho por parte de sectores como el Minem, especialmente una vez que el conflicto minero en el distrito de Cañaris (Lambayeque) captó la atención nacional.

Una vez publicada la Guía Metodológica a principios del mes de abril empezaron las críticas de la CNA y Onamiap  enfocadas en el contenido de un listado de pueblos indígenas que fue confundido con la Base de Datos, así como en la necesidad de un proceso de consulta antes de publicar un documento de este tipo, situación que fue desestimada por el marco legal.  Al mismo tiempo, el ministro de Energía y Minas, Jorge Merino, hizo pública su negativa al desarrollo de procesos de consulta bajo el argumento de la necesidad de la Base de Datos para el desarrollo de estos procesos, situación duramente criticada por la Defensoría del Pueblo y luego por el propio VMI indicando que  este instrumento sería referencial y no constitutivo de derechos, por lo que ya habían condiciones para que los sectores lleven adelante los procesos de consulta en los casos que fuese necesario. En esas circunstancias el debate en público volvió a los origines de la disputa: quiénes debían ser consultados.

Mientras buena parte de la denuncia pública observaba al Estado como un ente estático, al interior los dos sectores en disputa (Cultura y Energía Minas) empezaron una serie de movidas para hacer prevalecer su opción. Mientras que la Dirección General de Interculturalidad y Derechos de los Pueblos introducía al “quechua de Lambayeque” (Cañaris) dentro de los procesos de capacitación de intérpretes y traductores para los procesos de consulta, dejando su postura marcada; el Ministerio de Energía y Minas aprovechó su ventaja en la correlación de fuerza dentro del Ejecutivo y fue “bendecido” en una entrevista concedida por el presidente Humala a finales de abril en la que señalaba explícitamente que el derecho de consulta era exclusivo de las comunidades amazónicas.

En la primera semana de mayo se hizo evidente que la tensión había llegado a un punto importante con el anuncio de la renuncia del viceministro Lanegra y, posteriormente, el anuncio de la renuncia de su equipo de Directores y una parte de los funcionarios de línea. Esta situación encontró a este sector aislado entre dos posiciones maximalistas, sin embargo dejó un mensaje claro con respecto al futuro (y posible retroceso) con respecto a la institucionalidad indígena y la aplicación del derecho a la consulta que alertó a una parte de los sectores opositores fuera del Ejecutivo. Una vez aceptada la renuncia de Lanegra, Paulo Vilca, director de Interculturalidad y Derechos de los Pueblos, asumió el encargo del despacho en lo que sería un proceso de transición hasta encontrar un nuevo viceministro, situación complicada por tratarse de un puesto políticamente delicado. En ese lapso de tiempo se dio a conocer el inicio del primer proceso de consulta a cargo del Gobierno Regional de Loreto para la creación del Área de Conservación Regional Maijuna, dando un claro mensaje a los sectores, por tratarse de un proceso fuera del gobierno nacional y sin la publicación de la Base de Datos. Asimismo, el Presidente de PeruPetro ha informado el próximo inicio de 26 nuevos procesos de consulta para lotes petroleros en la Amazonía.

Lo que resulta significativo es que, más allá de la información inicial de renuncia masiva, el sector ha ratificado sus avances, en particular la relación que reconoce a los 52 pueblos indígenas, incluyendo a los cuatro que se encuentran en la zona andina. Del mismo modo, resulta clave que las dirigencias de organizaciones como la CNA, la CCP y UNCA, representantes de los pueblos andinos, hayan saludado este nuevo impulso, así como Onamiap, Aidesep y Conap han manifestado su interés en una nueva etapa.

En un escenario de desigualdad en la correlación de fuerza dentro del Ejecutivo, un acercamiento entre estos actores podría asegurar una ecuación más equitativa en sus mecanismos de presión, tomando en cuenta que aislados no han podido afectar significativamente el escenario dominado por la posición de los tecnócratas del Minem. Ni las organizaciones indígenas, con lazos débiles y en un contexto de fragmentación con sus bases, ni el VMI en un sector “satelital” y con redes de funcionarios difusas respecto a otros sectores, podrían asegurar por sí solas los derechos de los pueblos indígenas.

En un gobierno como el de Humala, un sector que logre cierto grado de autonomía y redes fuera del Estado podría tener una mayor capacidad de presión, especialmente si lo que se busca es evitar un retroceso.

Comentarios para la presentación de la quinta revista Politai

Paolo Sosa Villagarcia

 Publicado en Politai el 12/06/2012.

Quisiera empezar felicitando el trabajo y el esfuerzo de nuestros investigadores, estudiantes y egresados de la especialidad de Ciencia Política de esta casa de estudios, por presentarnos un trabajo de calidad y muy pertinente para el debate sobre las perspectivas internacionales en la región sudamericana. Quiero felicitar con nombre propio a Jeniffer Pérez, Lucía Mercado, Óscar Vega y Bernardo García por haber concretado este proyecto que hoy tenemos publicado en la quinta revista Politai.

Pasemos entonces, como se me ha encargado, a revisar lo que nos proponen estos autores. El artículo, titulado “Una visión del balance de poder sudamericano: seguridad regional, tensiones e integración en el Siglo XXI” propone la revisión del escenario de estabilidad sudamericana en los últimos años en comparación a momentos anteriores. Siguiendo a Abraham Lowenthal, se plantea la concentración en el caso sudamericano antes que el latinoamericano por las diferencias considerables que supone Centroamérica para la comprensión de las relaciones internacionales de la región. En base a ello, una idea principal que se desprende del texto es la evolución del panorama de relaciones entre Estados en Sudamérica con respecto a la seguridad y estabilidad de la región.

En pocas palabras, las alineaciones ideológicas serían reemplazadas tras la caída del muro de Berlín por condiciones económicas generalmente ligadas a la liberalización de las economías sudamericanas y su relación con el Consenso de Washington generando un ambiente de estabilidad basada en un interés en la integración regional. Sin embargo, el nuevo milenio devolvería la preponderancia de las relaciones políticas para la estabilidad regional con el surgimiento de tres ejes aparentemente disímiles y que podrían considerarse (especialmente desde la perspectiva menos académica pero más mediática) como nuevas alianzas regionales. ¿Cuáles serían estos ejes? Básicamente estamos hablando de los ejes formados en torno a Washington, Caracas y Brasilia.

Entonces la pregunta fundamental es ¿Es cierto que esta nueva configuración de “alianzas” marcó un quiebre en la estabilidad y seguridad de la región? Habría que fijarse, recomiendan los autores, en el balance de poderes, siguiendo además una perspectiva analítica basada en el realismo clásico. Es sus palabras, hay que tomar en cuenta que los intereses de los Estados son mutables y que eligen sus políticas basándose en sus recursos y ambiciones. Cito textualmente:

“En principio, para el realismo las relaciones entre países se dan dentro de un sistema internacional de Estado anárquico, donde lo único que contiene la barbarie es el balance de poder o equilibrio de poderes. Este equilibrio se ve reflejado en coaliciones o alianzas que conviven con cierta concordancia sobre un orden internacional específico. Este orden legítimo es aquel en el que todos los Estados están de acuerdo en cuanto a ciertas formas y límites de su accionar, es así que, la diplomacia es un importante medio para la solución de conflictos. No obstante, cuando estas coaliciones entran en conflicto sobre su visión del ordenamiento regional, se experimenta un proceso de competencia y tensión cómo es el caso del aumento de la intensidad en la disputa de liderazgo que enfrentaron el eje Washington, el eje Brasilia y el eje Caracas durante la primera década del siglo XXI.”

Sin embargo, habría que tener en cuenta que el desarrollo de estos ejes no es similar, ni mucho menos la existencia de una coherencia entre sus miembros. De hecho, se resalta que existe una diferencia diametral entre el eje Caracas y el eje Washington; mientras que el primero tiene una unidad de tipo ideológica y emocional con fines imprecisos y sin intereses concretos, el segundo presenta una relación fuerte basada en intereses económicos revestidos de vínculos ideológicos y culturales. Hay que precisar que no se puede reducir el funcionamiento de las alianzas regionales a su relación Estados Unidos, pero tenemos que aceptar que el conflicto con este país genera divisiones importantes en Sudamérica. En adelante el proceso de integración iniciado en la década de los noventa tendrá que enfrentar no solamente con problema nacionales (como las crisis económicas en el caso de Mercosur), sino también con nuevos ordenamientos ideológicos.

Pero ¿de qué estamos hablando exactamente cuando hablamos de estos ejes? Los autores nos acercan algunas características de los mismos.

El eje Washington está formado con países que no han roto con las relaciones que se desarrollan desde los noventa, fundamentalmente el caso de Perú y Colombia. Después del 11 de septiembre, Colombia se tornó especialmente importante por la presencia  de las Farc y el ELN, con lo que se produce un apoyo militar que terminará incrementando la politización con relación al vecino país de Venezuela. Con respecto a la economía, se continúa con un modelo de libre comercio que incluye la firma de acuerdos bilaterales con Estados Unidos, situación que mina las relaciones dentro de la CAN con Bolivia y que genera la renuncia de Venezuela.

El eje Caracas tiene, por muy caricaturizado que suene, un discurso más bien antiimperialista, de corte “socialista” pero sobre todo anti-neoliberal. Sin embargo no todos los países de orientaciones izquierdistas o parte del “giro a la izquierda latinoamericano” son parte de este grupo. Para los autores hay una serie de diferencias institucionales dentro de estos países que separa una línea entre Bolivia, Argentina, Ecuador, Nicaragua y Paraguay de países como Chile –en el periodo de la Concertación-, Brasil o Uruguay. Personalmente considero que esta división es particularmente problemática y podría recibir duras críticas desde perspectivas más ligadas a la política comparada, pero considero que a lo largo del trabajo empieza a sedimentarse la idea de mejor manera, por lo que dejo a vuestra lectura el considerar si es posible tal crítica.

En este sentido, el Alba se constituye (por oposición al Alca) como el referente principal por su constante actividad (16 sesiones en los últimos 7 años) donde se refuerza la participación de los países más notables: Ecuador y Bolivia. Sin embargo existen trabas importantes para este esfuerzo empezando por la característica no vinculante de sus decisiones, así como la propia incoherencia de sus miembros en términos económicos, especialmente con la negociación del petróleo y las finanzas internacionales.

Finalmente, el eje Brasilia no es sino la expresión de la intención de Brasil de consolidarse como líder del hemisferio sur tras la crisis mexicana y la realineación de la política norteamericana con respecto a Sudamérica. Es así que se ha tonificado su rol diplomático y de cooperación intergubernamental reforzando también el protagonismo de sus actores políticos y económicos, siendo el principal propulsor de Unasur. Sin embargo, Brasil también enfrenta problemas considerables para consolidarse como líder de la región en primer lugar por la barrera cultural y la desconfianza que genera su dimensión con respecto a los demás países; y en segundo lugar por las tensiones que se constituyen en lógicas de tira y afloja  con Estados Unidos (como sus posiciones respecto al programa nuclear iraní o el plan Colombia).

En suma, esta situación de inconsistencias y debilidad de los ejes merma la configuración de liderazgos regionales. Más aún si vemos el voluntarismo de gobiernos como el de Hugo Chávez, en el que se sostiene todo un eje, que se ve amenazado por la propia inestabilidad de su gobierno, asediado entre la enfermedad y una creciente oposición con miras a las elecciones. Lo mismo con respecto al debilitamiento de la tención de Estados Unidos en la región (que de por sí ya es muy baja) por la resolución de sus propios problemas con respecto a la crisis económica, sus propias elecciones, etc. El balance general es poco optimista, si lo que uno quisiera es observar un escenario conflictivo, ya que a pesar de todo este retorno a divisiones políticas la situación no ha cambiado demasiado en las últimas décadas. Militarmente Brasil estando muy por encima, seguido por Chile y Colombia, así como económicamente el desarrollo no se ha alterado significativamente teniendo al mismo país a la cabeza junto a Venezuela, Argentina y otros.

Incluso, para terminar de asesinar estas inquietudes conflictivas, aún en los momentos más “dramáticos” solo hemos tenido impasses diplomáticos sin escalamiento de conflicto. Si el periodismo especializado auguraba enfrentamientos ideológicos irreconciliables, todo parece indicar que por ahí no va la cosa. Sin embargo, esta región no es poco problemática, tenemos problemas menos discursivos y más tangibles que generan amenazas reales que deben ser atendidas para mantener la estabilidad de la región, y con esto los invito a revisar los demás artículos de la revista, especialmente aquellos que tocan temas de crimen organizado y narcotráfico. Ahí radica uno de los aportes, para mí, más importantes de este trabajo: hay que ver los escenarios de tensión menos mediáticos y, lamentablemente, más cotidianos pero que son amenazas sistemáticas que deben verse desde la perspectiva internacional.

 * La Asociación Civil Politai agradece a Paolo Sosa (Estudiante de Ciencia Política y Gobierno de la PUCP) por publicar su comentario en este medio. La Asociación no comparte necesariamente las opiniones del autor.

Buscando un Inca o el “Misterio” de Cultura

Yamilé Guibert y Paolo Sosa Villagarcia
Sobre la designación de Susana Baca en el Ministerio de Cultura y los posibles retos que deberá de enfrentar su gestión, centrándonos en la región del Cusco.
Hace unos meses al alcalde de Cusco se le ocurrió dejar la estatua de un Inca en la cima de la pileta de la Plaza de Armas. Esta estatua “reemplazaba” a la imagen del azteca Moctezuma, conocida como “El Apache”, fue colocada por error y posteriormente arrancada de su lugar por un grupo de borrachos en la década de los setenta. Por otro lado, hace unos días se hizo conocido que el cupo ingreso de visitantes a Machu Picchu fue reducido a 2500, dejando a centenares de turistas varados, los que incluso organizaron protestas y tomaron un puente, y generando el rechazo de parte de la población. Finalmente, el “Boleto Turístico” que en la práctica es una entrada para diversas zonas arqueológicas, es administrado por el COSITUC, organismo híbrido con capitales privados y participación la Municipalidad Provincial, el Dircetur y la Dirección Regional de Cultura; este último, tras diversos problemas, fue inculpado de intentar eliminar dicho organismo para que los recursos sean administrados desde el gobierno central.

¿Qué tienen en común estos tres casos?  Básicamente que, aparte de generar fuertes conflictos simbólicos o de intereses, para una gran parte de la población el “enemigo” es el Ministerio de Cultura (MC) y su representante en Cusco, la Dirección Regional de Cultura (DRC).

El ministro Juan Ossio, mientras se hizo de la vista gorda con el popularmente apodado “Cristo de Lorrobado” no dudó en ponerse en contra del Inca de la Plaza de Armas. Es cierto que ambos monumentos constituyen problemas simbólicos y que por una cuestión de intangibilidad de ambos casos resultan problemáticos, pero también es cierto que estas imágenes representan sentimientos identitarios por lo que son defendidas por la mayoría de la población a pesar de la oposición de ciertos grupos. Más allá de lo estético en el caso del Inca, el Ministro Ossio y la DRC se convirtieron en los enemigos públicos en Cusco.
Lo mismo sucede con el Cosituc y Machu Picchu: los responsables directos terminan siendo, para la población, el MC y la DRC. Los medios y las autoridades locales identifican a estos organismos como los responsables del problema, volcando su atención y sus más ácidos comentarios principalmente en la DRC, culpándola de “entreguista”. El director de esta institución afirmó que lo que sucede es que los medios y la colectividad esperan una administración personalista que se enfrente al MC desde su despacho, mientras que lo único que hace es cumplir con la normativa como debe ser. Algo de cierto hay en su afirmación: en el fondo el discurso parece formarse en una división Cusco/centralismo, discurso presente incluso desde su nombramiento cuando empezaron a catalogarlo de “limeño” y de protector de los intereses limeños que lucran con los recursos mayoritariamente provenientes de la región.

Estos mismos periodistas, e incluso el alcalde provincial en una entrevista, manifiestan que las negociaciones ya no deben hacerse con el actual ministro, sino con la nueva gestión ya que se viene el cambio de gobierno. Ahora bien, la notica es que Susana Baca, conocida y talentosísima cantante, ha sido nombrada como la nueva cabeza de dicho despacho. Se ha ido diciendo que la artista podría seguir el exitoso camino de Rubén Blades y Gilberto Gil como artistas/ministros, pero las cosas son más difíciles en el caso peruano. Como hemos visto, Juan Ossio no deja un buen precedente ni mucho menos parece haber tenido una buena gestión, e incluso ha activado algún tipo de conflictividad en esta región. Recordemos que el Ministerio de Cultura tuvo que enfrentar problemas desde el momento de su creación, ya que hizo falta una política clara en el sector; además de heredar los problemas del INC. Como menciona Hans Rothgiesser, el problema del MC se encontraría en la falta de un diseño previo que determine de dónde es que se gastaría para mantener el ministerio, pues la creación del mismo significaba que, además de mantener los gastos de las instituciones “absorbidas”, tendría que contar con una burocracia propia.

Por otro lado, y en relación al problema del diseño previo, la creación del Ministerio llegó de la mano con la ley del mecenazgo y, al incluir al INDEPA, le dio la facultad de velar por el cumplimiento del Convenio 169 de l OIT, y con esto, la Ley de Consulta Previa. Entonces, teníamos y tenemos todavía, un ministerio más bien “des-diseñado”, que representará una gran piedra en el zapato del próximo gobierno si es que las cosas no empiezan a hacerse de manera distinta. Le tenemos fe a Susana Baca, pero la inexperiencia de la siguiente ministra nos hace dudar por momentos de su habilidad para enfrentar los retos de un Ministerio catalogado como “superministerio” por la cantidad de responsabilidades en su haber.

El reto está también en acabar con la miopía capitalina y entender que en regiones como Cusco, donde el organismo tiene un peso gigante en las cuestiones económicas, políticas y sociales, la “protección del patrimonio” es un tema tan fuerte como “la protección del modelo económico” en Lima y que es capaz de activar “identidades” o intereses económicos que se movilizan en contra del gobierno, cosa que ya ha sufrido Alan García en 2007 con la “Ley de Patrimonio Cultural”. El Ministerio de Cultura no es una cartera “menor” en Cusco, y es probable que los pobladores estarían dispuestos a crucificar incluso a Gilberto Gil si administrara este sector “desde Lima y para Lima”.  Ahora, la pregunta central es ¿y qué significa administrar este sector “desde Cusco”?

Policías y ladrones: ¿Qué sugiere el voto a nivel provincial en el sur?

Daniel Encinas  y Paolo Sosa Villagarcia

Publicado en PerúDebate el 01/05/2011

Todos sabemos que en todas las provincias del sur ganó Humala. Sin embargo, ¿sabía que quien está segunda en la mayoría de ella es Keiko Fujimori y no PPK? ¿Sabía que PPK solo gana en las capitales y que en muchas provincias queda quinto y prácticamente no existe? ¿Qué importa más para entender el voto en el sur? …entérate de esto en este breve artículo sobre Arequipa y Cusco.

Abra el periódico o las revistas (mire uno u otro blog) después del 10 de Abril y lea los análisis de los resultados electorales. ¿Qué tienen en común? En la mayoría de ellos predomina la importancia de la estrategia política, el carácter volátil del electorado y la debilidad institucional por la inexistencia de partidos políticos. Al mismo tiempo, se niega que factores más profundos expliquen los resultados electorales y se sugiere que todo queda resuelto con la contingencia electoral.

Consideramos que estas visiones no son erradas en sí mismas, pero creemos que los autores pecan de excluyentes innecesariamente. Los resultados electorales nos muestran la importancia tanto de la condición económica, social y política de los ciudadanos al votar, como la importancia del marketing político y las decisiones de los candidatos para ganar. Las estrategias de los candidatos importan, pero no son intrínsecamente contrarias a las preferencias de los electores: funcionan complementariamente. ¿Bastante lógico verdad? pero parece que muchas veces jugamos a policías y ladrones, olvidando la diferencia básica entre “privilegiar variables” y anularlas.

 No es contra intuitivo afirmar que existe una estructura  que va a configurar un escenario de posibilidades donde también se alberga peso para la estrategia de los actores y las preferencias individuales del elector. Como bien ha dicho Vergara en su último artículo, tampoco podemos negar que las decisiones del elector van a estar enmarcadas por sus preferencias y anhelos que de uno u otro modo están relacionados a su condición de inclusión y desarrollo.

 Aquí defendemos que no es cierto lo que se decía desde la prensa capitalina que PPK tenía una gran fuerza en el sur y que, incluso, podía pelearla con Ollanta Humala allí. Nos dirán que los resultados electorales nos desmienten. Miren, por ejemplo, el caso de Arequipa y Cusco, nos dirán. En Arequipa, Ollanta Humala obtuvo casi 48% de los votos válidos, mientras que PPK obtuvo cerca del 26%. En Cusco, el candidato nacionalista obtuvo cerca de 63% y PPK el 12%. ¡PPK está segundo en ambas! Y, mejor aún, ¡PPK tiene cerca del 30% en Arequipa!

 Pero esta mirada es, por decir lo menos, superficial. Los promedios ocultan mucho. Miremos a nivel provincial, por ejemplo. En todas provincias de Arequipa y Cusco ganó cómodamente Ollanta Humala y quien está segunda en la mayoría de provincias es Keiko Fujimori. PPK sólo queda segundo en la capital cusqueña y en la capital y una provincia arequipeña. En las demás provincias los resultados de PPK son irrisorios, prácticamente no existe. Estos resultados los confrontaremos en un futuro, no muy lejano, artículo más académico, puesto que encontramos que específicamente en el sur, se condice esta relación entre preferencias enmarcadas y estrategia política.