Cuando pase el temblor

Paolo Sosa Villagarcia

Publicado en El Comercio el 28/03/2018

“Para evitar el descalabro, el fujimorismo y su lideresa tienen que repensar su rol en la política peruana”.

¿Qué le espera al fujimorismo? Keiko Fujimori ha ganado en el corto plazo en el frente interno. La facción beligerante de su hermano y el gobierno que la derrotó en las urnas han caído con un solo tiro. El futuro de Kenji Fujimori es bastante sombrío como congresista y candidato, y Cambio 21 tiene pocas posibilidades sin su liderazgo. Fuerza Popular ha ganado esta partida interna y, por ahora, puede controlar mejor su dinámica parlamentaria y electoral. Sin embargo, Kenji Fujimori guarda un temerario as bajo la manga con sus posibles revelaciones sobre el financiamiento y operaciones del fujimorismo. Nada está dicho y, por supuesto, al nuevo gobierno le conviene que la tensión se mantenga al interior de la familia Fujimori.

En el mediano plazo, los efectos de la reciente crisis política son potencialmente adversos. El indulto ha desgastado el principal capital del fujimorismo: el recuerdo de Alberto. Asimismo, muchas personas creen que esta fuerza política contribuyó decisivamente en la crisis, a pesar de querer presentarse hoy como campeones anticorrupción. Sus liderazgos no estuvieron a la altura de las circunstancias, contribuyendo al problema por acción y omisión. Keiko Fujimori abdicó inmediatamente a su rol histórico de conducir una oposición organizada frente a un gobierno débil, fallando en su mandato democrático de control político al dejar que sus congresistas confundan la fiscalización con el acoso.

Esta crisis no se circunscribe a la caída de un presidente. La danza entre el Ejecutivo y el Parlamento ha mellado la precaria institucionalidad democrática. La gerencial apatía de oficialismo y el bravuconeo inútil de los opositores no son nuevos, pero se han caricaturizado a fuerza de broncas y escándalos de corrupción. Aunque no observemos movimientos ciudadanos en las calles, el ahondamiento de esta crisis se materializa en la opinión pública. No olvidemos que la desazón de los peruanos cobra forma más definida en tiempo electoral y, en el largo plazo, toda la clase política puede ser desbordada. Cuando pase el temblor, tirios y troyanos estarán en el mismo saco, sin importar cuánto empeño pongan en sus comunicados.

Para evitar el descalabro, el fujimorismo y su lideresa tienen que repensar su rol en la política peruana. Empezando por entender que el largo plazo es más que el período entre elección y elección, y que la democracia es más que alcanzar el poder a toda costa. Dura tarea tomando en cuenta su ideario cardinal. Veinte meses de irresponsabilidad han puesto a Fuerza Popular contra las cuerdas y hoy no solo tiene que resolver su continuidad como organización política, sino también su contribución a la resiliencia de la democracia. Esto significa, en el corto plazo, que tienen que resolver la compleja ecuación de asegurar la estabilidad de este gobierno, pero sin acercarse demasiado.

Por otro lado, el antifujimorismo también tiene que afinar sus estrategias y entendimiento del fenómeno. Durante la crisis, las lecturas antojadizas sobre la fuerza, organicidad y capacidad estratégica del fujimorismo han sido tan inútiles como perjudiciales. Una cosa es ‘descubrir’ que Fuerza Popular tiene fisuras que pueden agudizarse, y otra es ‘meter comba’ sin pensar en los efectos colaterales. Un indulto que era visto como una estrategia desestabilizadora del poder de Keiko, finalmente desencadenó la caída del presidente. Desmontar Fuerza Popular es difícil, y sus efectos pueden ser contraproducentes.

El fujimorismo es impredecible por sus propias limitaciones y este tipo de interpretaciones contribuyen a ahondar la incertidumbre y a oscurecer cualquier entendimiento del juego político. No debería repetirse el error en los próximos meses. A pesar de las serias imputaciones por sus fuentes de financiamiento y su incierto compromiso con las instituciones, Fuerza Popular es una organización con representación, identidad, recursos y poder. Por esa complejidad es que debe ser observada seriamente y sin apasionamientos. Nos guste o no, nuestra dinámica política sigue siendo pos-Fujimori, y no hay indicios de que eso vaya a cambiar pronto.

Cheque en blanco

Paolo Sosa Villagarcia

Publicado en El Comercio el 21/09/2017

“El presidente podría tener como primer ministro a un leal keikista y aun así no estar seguro sobre el tipo de relaciones que puedan sucederle a este nombramiento”.

En menos de un año el Gobierno ha visto caer varios ministros por el conflicto con el Legislativo. Lejos de ser preventivo con la oposición, el Ejecutivo ha movido sus fichas de manera reactiva y diferida. La cuestión de confianza llegó tarde y, para algunos observadores, en un contexto que no ameritaba tal respuesta. Ello toma mayor relevancia –mirando en retrospectiva– si el Gobierno carecía de un plan más complejo que concrete el mensaje que esa medida involucra.

Así, mientras un sector de la tribuna se entusiasmaba por una aparente respuesta decisiva frente al fujimorismo, la forma como el Gobierno terminó la jugada ha alimentado la decepción de este colectivo. Las evaluaciones sobre esta decisión varían y son los que preferían un enfrentamiento abierto –disolución del Parlamento incluida– los más desilusionados.

El problema es que el resultado no solo involucra la caída de Fernando Zavala y varios de sus ministros, sino también la designación de operadores políticos y técnicos cuestionables. Aunque la crítica se ha concentrado en el sector Educación, existe una amenaza de expansión a otros nombramientos. En lugar de perder o sacar a una ministra, el resultado ha sido la renovación entera del cuerpo ministerial y una suerte de cambio de rumbo en el Gobierno.

¿Y qué gana el Gobierno? Evidentemente se trata de una respuesta al comportamiento de la oposición, buscando tender puentes y abrir espacios de cooperación. Concuerdo con Félix Puémape (“Sin salida”, El Comercio, 18/9/2017) en que la balanza está claramente inclinada en favor de este grupo y no de los llamados sectores “progresistas”. En efecto, varios voceros de la oposición –incluyendo a los más recalcitrantes– han saludado la noticia.

No obstante, esto puede ser una ilusión o, peor aun, convertirse en una pesadilla. Para empezar, ninguna fuerza, ni siquiera el fujimorismo, puede preciarse de ser lo suficientemente coherente internamente como para ofrecer estabilidad a cambio de participación en el Gobierno. Por lo tanto, tampoco existe certidumbre sobre la durabilidad de los acercamientos. En un contexto tan volátil como el peruano, las coaliciones políticas no duran, sobre todo cuando han sido construidas al paso o de manera reactiva. En ese escenario, el presidente podría tener como primer ministro a un leal keikista y aun así no estar seguro sobre el tipo de relaciones que puedan sucederle a este nombramiento.

Por otro lado, en el Perú no hay gabinetes. Es decir, la figura existe formalmente pero, en la práctica, la dinámica es mucho más fragmentada debido a la inexistencia de organizaciones que articulen el sistema político según los presupuestos centrales de la Constitución. Una mirada longitudinal y comparada nos muestra que los “gabinetes” peruanos contemplan rangos de estabilidad y dinámicas de gestión que varían significativamente entre sectores. Es decir que, dentro de un mismo gobierno, el ministro de Economía puede mantenerse en el cargo por cuatro años mientras que el sector Interior o la Presidencia del Consejo de Ministros cambian semestralmente cabeza.

Esto nos pone frente a un dilema mayor: si los gabinetes son meros membretes y lo que prima son dinámicas individuales y sectoriales, entonces el poder y la discrecionalidad que tienen las personas nombradas dentro de sus competencias específicas pueden ser mayores. Y esto no es desconocido para el Gobierno; por el contrario, ha sido reflejado en sus famosos “siete mandamientos”. Así, nombrar a un personaje cercano o militante no es pues, como antaño, solamente una pieza clave para forjar coaliciones de gobierno. La inexistencia de este tipo de organizaciones augura, más bien, una suerte de cheque en blanco, antes que una promesa de cooperación. ¿Será que el Gobierno aún está escondiendo alguna de sus cartas? Habrá que verlo en las próximas semanas.

El baile de los que sobran

Más de cincuenta días después de iniciada la huelga en el Cusco, los maestros siguen en las calles

 

“Nosotros, primero que nada, exigimos al gobierno y a la ministra que solucionen lo que nuestros docentes piden. (La solución) no es, como dicen por ahí, que se retire a los docentes. No es algo justo, porque ellos son los que forman el futuro del Perú. Sin los maestros, ¿qué sería la ministra? ¿qué sería el presidente? ¿qué sería un policía? No sería nada. Ellos son los que nos forman a nosotros, los que nos inculcan conocimientos. Nosotros los extrañamos, claro, pero también tienen sus derechos y están reclamando algo justo”

-Alcalde escolar de la G.U.E. Inca Garcilaso de la Vega, 07/08/2017

Son las seis de la mañana -una semana antes del mensaje presidencial- y se abren las líneas telefónicas en uno de los programas televisivos más sintonizados del Cusco. El tema del día –como desde hace varios días- es la huelga de los maestros del SUTER y la negativa del gobierno a dar solución a sus reclamos. Se ha cumplido un mes desde el inicio de la huelga. Dos o tres llamadas repiten los argumentos usuales a favor de la medida de fuerza, otras tantas señalan estar a favor, pero reclaman que los maestros perjudican la actividad turística y, con ello, la economía regional. De pronto, una llamada distinta resalta: un joven estudiante de secundaria del Colegio Nacional de Ciencias que, en las últimas semanas, ha participado en las protestas ante el llamado de los alcaldes escolares.

El aporte del joven es simple y muy poderoso: “La ministra dice que se preocupa porque vamos a perder el año escolar por la irresponsabilidad de los maestros… yo creo que la irresponsable es la ministra, ¿qué hace que no puede venir siquiera a conversar con los profes?”. Luego de algunas frases más, añade: “esos que llaman quejándose de los profes seguro mandan a sus hijos al (colegio) particular, por eso recién después de un mes les interesa denunciar que hemos perdido clases, por eso les duele más que no haya turismo, pero no dicen nada de que mis compañeros no van a poder postular a la universidad ni a Beca 18”.

Veinte días después, la huelga continúa, pero esta vez el gobierno demanda que los maestros y alumnos regresen a clases. Los periodistas cusqueños se internan en los diferentes colegios para constatar lo previsible: a pesar de las fotos publicadas por el MINEDU, la asistencia de los alumnos es parcial y los docentes no están. En la G.U.E. Inca Garcilaso de la Vega, un periodista entrevista al alcalde escolar que, increpado por la posibilidad de perder las clases, responde que comparten la misma preocupación, pero que responsabilizan a la ministra y no a los profesores. Varios padres de familia y estudiantes se muestran igual de preocupados, principalmente aquellos que cursan el quinto de media. Perder las clases, como mencionaba el estudiante cienciano varios días atrás, significa perder la Primera Oportunidad en la UNSAAC, y también perder la posibilidad de alcanzar al calendario de postulaciones del PRONABEC.

Frente a esta situación, algunos han tenido que destinar sus pocos ahorros para inscribirse en academias preuniversitarias, otros se han resignado a no postular a Beca 18 y han pasado a sus hijos a colegios particulares de dudosa reputación. Otros, los menos, indican que han accedido -gastando su dinero en cabinas de internet- a la plataforma El Cole Contigo, siguiendo la recomendación del MINEDU. A falta de panes, pasteles.

Y, así, siempre son los más vulnerables quienes resienten directamente este tipo de problemas. Los “tontos útiles”, los “azuzados”, los “comechados”, los “terroristas”, los “pedigüeños”, los “malacostumbrados”, los “aprovechados”, los “vagos”, los “incompetentes”, y demás motes que se ensayan tan impunemente en los medios de comunicación limeños. No es el hijo del congresista o el gobernador regional, ni el del funcionario de Lima, ni el del dirigente encumbrado, ni, mucho menos, del que pide que el gobierno “se ponga los pantalones” y “meta bala”. El que se jode siempre es el que ya estaba jodido.

Lo incomprensible de esta situación es que la demanda que originalmente articuló la protesta fue el cumplimiento de la promesa electoral del presidente: incrementar los sueldos a los profesores durante el primer año de su gestión. Aunque para el prefecto del Cusco el aumento era un “compromiso, no una promesa”, para los docentes la palabra empeñada fue el motivo por el que se decidieron a apoyar a un tecnócrata neoliberal en las últimas elecciones. Más aún, lejos de ser radical, como se insinúa, la posición inicial de los maestros era que el gobierno se comprometa a un aumento progresivo, pero, eso sí, en función de un calendario establecido.

Por estos motivos, a esta plataforma se fueron sumando distintas regiones a lo largo del país -a pesar de la renuencia de la dirigencia nacional controlada por Patria Roja-, así como padres de familia, alumnos articulados en las alcaldías escolares, funcionarios de la Dirección Regional de Educación, e, incluso, el Consorcio de Colegios Católicos, que agrupa a los colegios particulares más grandes de la región. De hecho, una encuesta regional publicada en el Diario del Cusco a fines de julio señala que más del 60% de los cusqueños apoya las demandas de los profesores.

Sin embargo, al gobierno parece haberle tomado más de cincuenta días ensayar una respuesta clara, aunque con un enfoque, por ahora, errado. Primero, luego de un mes de iniciada la huelga -que había transcurrido de forma pacífica-, el gobierno no tuvo mejor idea que declarar el Estado de Emergencia. Aun cuando la ministra de Educación expresó públicamente su angustia por la pérdida del año escolar, la priorización de los distritos en la aprobación de esta medida respondía, como adelantaba el joven estudiante, a una preocupación por proteger la actividad turística y los grandes consorcios de ese rubro, muchos de ellos afincados en Lima, que ven amenazados sus intereses. En las semanas siguientes, lejos de dar una respuesta a las demandas, el gobierno ha continuado actuando con indiferencia al enviar funcionarios cuya capacidad de negociación es cuestionada por parte de los manifestantes, y con desdén al responsabilizar a los maestros por la pérdida de labores y sugerir la infiltración de terroristas en las marchas.

Y, en ese sentido, la huelga que vienen acatando los maestros en el Cusco es una imagen panorámica de la tragicómica precariedad política de nuestros tiempos y de la profunda desigualdad que subsiste en el país. Las viñetas abundan. El ministro de un gobierno que no tiene partido (y que eligió candidatos a dedo) les pide a los maestros que respeten a un sindicato nacional que no hace eco de sus demandas y que “compitan” por la representación nacional antes de empezar a hacer huelgas. La Cámara de Turismo de Cusco es incapaz de presionar por la solución de las demandas para terminar con las protestas, y, por el contrario, los comerciantes del turismo -desde los yuppies hasta los hippies- piden que las Fuerzas Armadas se hagan cargo de los “terrucos” e impongan el orden. Un presidente que ganó las elecciones con el apoyo decidido del sur se desentiende de sus demandas -y sus promesas-, con lo que el sentimiento que predomina es la desazón con el sistema político. Peor aún, los profesores –y otros funcionarios regionales que se han solidarizado en la lucha- resienten la caracterización de “vagos y majaderos” que hacen de ellos funcionarios limeños que ganan cuatro veces más, pero tienen un octavo de su experiencia y esfuerzo.

¿Es posible que existan grupos radicales o filo-senderistas engrosando las filas de los manifestantes o peleando la representación de la protesta? ¿Hay un conflicto político por el control del SUTEP? No lo dude. Varios conflictólogos, apuntes en mano, están dispuestos a probar estas afirmaciones. Pero esto no empaña la legítima protesta de miles de profesores a lo largo del país. El protagonismo de estos actores no se explica solamente por sus intereses particulares, sino por el repliegue político del gobierno en el sector y por el vacío absoluto que dejaron las organizaciones políticas que deberían canalizar y dar forma al conflicto. Una tarea difícil si tomamos en cuenta que, según la encuesta antes citada, más del 40% de los cusqueños desaprueba a sus congresistas y un porcentaje similar se siente disconforme con la gestión del gobernador regional, el mismo que hace unos días se arrogó la posibilidad de negociar un cese a la protesta con esperables resultados.

Durante los cincuenta días anteriores, ningún actor político nacional se interesó realmente en articular y canalizar las demandas de los profesores, mientras que los políticos regionales están más preocupados por indignarse airadamente por el aeropuerto de Chinchero o en conseguir firmas para sus plataformas electorales. Días antes de fiestas patrias -en pleno despliegue de las protestas- congresistas y ex candidatos presidenciales de distintas tiendas se pasearon por Cusco sin decir una sola palabra sobre el conflicto. Sin nadie que haga eco de las demandas, poco o nada ha interesado este problema en la política nacional, cuya trivialidad cortesana nada tiene que ver con los problemas que se cocinan en las regiones.

En este contexto, el conflicto con el Parlamento no solo distrae al gobierno en un intercambio cada vez más alejado de las demandas de la ciudadanía, sino que limita los reflejos de los sectores críticos que –ante el obstruccionismo fujimorista- optan por defender al gobierno y sus funcionarios a rajatabla. De esta manera, la desatención ha fomentado que la protesta se prolongue, que se diversifiquen y empoderen liderazgos, y que se radicalicen algunas medidas. Hasta que, una vez que los maestros se han visto obligados a marchar hacia Lima, el Ministerio del Interior no encontró mejor fórmula para responder al conflicto que denunciar la infiltración del Movadef. Con ello, la prensa nacional, tan atinada como laboriosa, ha empezado a cubrir la protesta centrando sus reflectores sobre los “irresponsables” maestros y organizando encuestas virtuales: ¿Cree usted que ex-senderistas están detrás de las protestas?

Si todos los maestros movilizados en Cusco y Puno son filo-senderistas, entonces, estamos perdidos. Pero eso no es cierto. La firma de planillones y la identificación de “intereses políticos detrás de las protestas” (¡qué novedad!) son chivos expiatorios, son intentos pueriles de deslegitimar una protesta que creció porque -como señala Ricardo Cuenca- no se la atendió desde un inicio. Porque mientras los manifestantes esperaban la llegada de funcionarios capaces de tomar decisiones y sostenían una plataforma moderada, el presidente se dedicaba a hablar sobre los Juegos Panamericanos y sus funcionarios ignoraban sus reclamos esperando que el problema se resuelva deux-ex-machina. Porque “la toma del aeropuerto, la remoción de rieles, y el intento de protestar en Machu Picchu” son más bien hechos aislados en una protesta que se ha desarrollado de forma mayoritariamente pacífica y hasta lúdica. ¡A pesar de no tener una respuesta clara en más de cincuenta días!

Si el gobierno quiere solucionar el conflicto apelando al macartismo estamos muy mal. Más aún si lo que se busca con ello es una confrontación entre los maestros y otros sectores de la sociedad, primero azuzando a los operadores de turismo a organizar contramarchas y, ahora, buscando que los padres de familia salgan a impedir que sus hijos pierdan el año escolar. Más aun si se amenaza con descontar y, finalmente, despedir a los maestros que no retomen las clases. Lo único que está logrando el gobierno es cohesionar aún más los distintos frentes, desarticulados al inicio de la protesta, y fortalecer los lazos de solidaridad de muchos padres de familia y alumnos con los maestros. En regiones como Cusco, la gran mayoría de ciudadanos ya están hartos de unirse, gobierno tras gobierno, al baile de los que sobran.

Aunque es posible que se logre torear a los maestros en los próximos días, las estrategias empleadas hasta ahora por el gobierno son muy peligrosas y abren -cual profecía auto-cumplida- un espacio para la real radicalización de la medida de fuerza. Esto se cumple también para las medidas de fuerza en otros sectores. Atender las demandas y constituir una mesa de diálogo con la participación de tomadores de decisiones es un paso difícil pero necesario. No son claros los interlocutores, estamos de acuerdo, pero hay que hacer al menos el intento de negociar con quienes hoy se arrogan dicha representación y están dispuestos a participar de la solución del problema.

El gobierno necesita hacer política para salir del paso, pero -por el momento- se ha dedicado de lleno a la anti-política. Esperar a que las cosas se normalicen sin hacer nada, azuzar regionalismos, poner en conflicto a la población, y, sobre todo, sobredimensionar el poder de actores antisistema es una receta para la catástrofe. No es recomendable jugar con fuego en las calles cuando se tiene en frente a un Congreso controlado por pirómanos.

Publicado en LaMula.pe, 08 de Agosto de 2017.

Jugar a la guerra

Paolo Sosa Villagarcia

Publicado en El Comercio el 25/06/2017

Una semana antes de la segunda vuelta electoral del 2016, las encuestas auguraban una victoria fujimorista que, sumada a la abrumadora mayoría obtenida en el Congreso de la República, hacía suponer la posibilidad de un gobierno omnipotente. Distintos factores modificaron esta tendencia y los resultados finales revelaron la insólita victoria de un Pedro Pablo Kuczynski que había adoptado el discurso antifujimorista durante los últimos minutos del partido.

La situación propuso un acertijo difícil de anticipar. ¿Estábamos frente a un gobierno débil que mantendría la retórica antifujimorista frente a una oposición avasallante y confrontacional? ¿Estábamos frente a una oposición inconsistente, producto de la heterogeneidad que Keiko Fujimori había forzado en la lista parlamentaria fujimorista para ampliar sus bases de apoyo electoral? ¿O estábamos, finalmente, frente a la victoria total de un bloque derechista, en tanto ambas propuestas representaban dos caras de una misma moneda?

Un año después, el fujimorismo aparece alejado de cualquier posibilidad de cogobierno, adoptando una retórica confrontacional como prolongación de la campaña electoral. Al no reconocer su derrota a tiempo, Keiko Fujimori marcó la pauta de las relaciones con el oficialismo. Después de los resultados electorales, sin embargo, su liderazgo se evaporó, dejando espacio para el empoderamiento de jefaturas intermedias y operadores cuyas ambiciones van más allá de las anecdóticas disputas entre keikistas y albertistas. En este escenario, la ausencia de un plan maestro lleva a una confrontación sin cuartel, producto del desorden antes que de una estrategia clara.

Así, mientras algunos congresistas buscan espacios para avanzar con sus agendas particulares, otros le hablan a su tribuna local con la intención de capitalizar el descontento con el gobierno. Estamos frente a un obstruccionismo por default, donde una cúpula incapaz de contener a esta constelación de intereses se dedica a coordinar, antes que a liderar. Un escenario difícil de alterar con un indulto. El problema fundamental no se resuelve con concesiones, ni mucho menos con el clásico “divide y vencerás”; el problema es, precisamente, la falta de un liderazgo claro y centralizado que permita predictibilidad dentro de la oposición.

¿Debería preocuparle esto a Keiko Fujimori? Esta encrucijada puede llevar a la parcelación del partido que le ha costado esfuerzo construir y al desgaste prematuro de su capital político. Este desborde es una receta perfecta para profundizar su imagen intransigente, al mismo tiempo que agudiza las tensiones internas. Peor aun, algunas buenas iniciativas que podrían contribuir a compensar el legado negativo del fujimorato han terminado asfixiadas por la avenencia y gustos individuales de las jefaturas que administran el cortoplacismo. Tener una oposición fuerte es un componente fundamental para el equilibrio de poderes. Sin embargo, ni grande es sinónimo de fuerte, ni belicoso lo mismo que fiscalizador.

En este contexto, el Frente Amplio (FA) enfrentaba una oportunidad inédita desde los noventa. Después de más de dos décadas, la izquierda –como tal– obtuvo representación en el Congreso y, por si fuera poco, como la segunda fuerza. Así, para unos, el FA podía ser un aliado para equilibrar un Parlamento teñido de naranja, mientras que otros consideraban que sería la principal fuerza opositora frente a las concordancias económicas del fujimorismo y el oficialismo. Sin embargo, ninguna de las dos fórmulas se ha concretado para este grupo parlamentario. Por el contrario, si algo ha caracterizado el papel del FA ha sido su involuntaria intrascendencia como producto de la guerra entre los dos grupos que lo forman. En menos de un año, la persistencia de estas disputas –originadas en el proceso de elecciones primarias del 2016– llevó a la ruptura del FA en facciones dentro y fuera del Parlamento.

Aislada y dividida, la izquierda política no ha logrado aprovechar su inédito sitial en el Parlamento para establecer una marca, una agenda programática que hoy sea fácil de reseñar por los ciudadanos, y esto incluye a su relación con el gobierno de turno. En el mediano plazo, las batallas entre mendocistas y aranistas han sepultado las posibilidades de una campaña regional exitosa, capaz de reforzar su presencia previa a las elecciones presidenciales del 2021. La guerra fratricida ha debilitado los ya precarios cimientos del éxito alcanzado en las últimas elecciones, dejando a unos sin inscripción y a los otros sin una candidatura medianamente viable.

En el corto plazo, el desorden parlamentario se alimenta de la descomposición del FA y del comportamiento errático de otras bancadas minoritarias (incluyendo a la oficialista), concentradas en intereses minúsculos (salvo contadas excepciones). Aprovechando el despelote propiciado por interpelaciones y escándalos mediáticos, estas fuerzas se suman gratuitamente al apanado con tal de aparecer en la foto de los indignados frente al gobierno. Un gobierno, dicho sea de paso, con intereses tan profundos como los de sus opositores, cuyos logros más importantes vienen del lado del “destrabe” y la eliminación de la “tramitología”, y cuya estrategia frente a la oposición es reactiva y, lo que es peor, rezagada.

Quien lee o sintoniza los principales medios de comunicación desde fuera del país podría pensar que estamos en medio de una crisis política gravísima, de tensiones irresueltas entre programas políticos incompatibles, entre demandas y aspiraciones de país que son irreconciliables. La medianía del debate, sin embargo, se asemeja más a una batalla campal al final de un partido amateur que a un enfrentamiento por el futuro del país.

Mientras el hemiciclo se hincha de insultos y cantinfladas, miles de peruanos, especialmente los más vulnerables, padecen cotidianamente la inseguridad, la violencia familiar y condiciones laborales precarias. Mal harían los liderazgos de todas estas tiendas en pensar que hacerse un sitiecito en las primeras planas a base de agravios es suficiente para sobrevivir en las próximas elecciones. Si algo muestra nuestra historia política reciente, es que podemos ser muy indulgentes, pero no con quienes, irresponsablemente, gustan de jugar gratuitamente a la guerra.

El modelo no se mancha

Paolo Sosa Villagarcia

Publicado en El Comercio el 22/02/2017

“La izquierda empieza a denunciar que el neoliberalismo y el modelo tecnocrático son el origen de la corrupción”.

El escándalo Lava Jato ha puesto de cabeza a la élite peruana. Políticos, dirigentes, empresarios, tecnócratas y periodistas de todas las tiendas y orientaciones aparecen hoy cuestionados por la opinión pública. Con acusación fiscal o sin ella, el escándalo ha salpicado a todos y “confirma” el prejuicio ciudadano: “todos los gobiernos son igual de corruptos”. La prisión preventiva dictada contra Toledo es, entonces, la validación de la sospecha y algunos se preguntan/reclaman cuándo cae el siguiente. No hay sorpresa y, por lo tanto, la indignación queda sepultada bajo la habitual y asfixiante desconfianza pública. Una sociedad marcada por el recelo sistémico con sus instituciones y gobernantes no está dispuesta a marchar espontáneamente bajo la consigna “¡Que se vayan todos!”.

No es que los peruanos seamos cínicos, sino que en nuestra vida cotidiana la política es asumida como intrascendente. El concepto de lo público es tan difuso como la conciencia de que somos parte de una comunidad política más allá de los intereses particulares. Solo así puede explicarse que cada tantos años el fenómeno de El Niño nos siga pareciendo “incontenible”, repitiendo las dosis de improvisación, sufrimiento e indignación, para luego contentarnos con cadenas solidarias y la “presencia” de las autoridades en la zona del desastre. Solo así puede explicarse que tenga que convocarse a una marcha anticorrupción con anticipación y que, además, esta sea contestada o impugnada por algunos sectores (y no me refiero solamente a los políticos). La ciudadanía –en su dimensión política– y la idea de nación (y no de patrioterismo) son una entelequia.

Por su lado, las élites peruanas buscan salir del río revuelto con la canasta llena de peces, enfrascándose en furiosos debates sobre los orígenes y las culpabilidades en este escándalo. La izquierda empieza a denunciar que el neoliberalismo y el modelo tecnocrático son el origen de la corrupción (y de todos los males). La derecha, por su parte, pregona que la sobrerregulación y el exceso de burocracia son el origen de la corrupción (y de todos los males). Al medio, distintas voces buscan ponderar este modelo, criticando el fetiche con el crecimiento económico a cualquier costo. Sin menospreciar los beneficios del libre mercado (nunca es bueno tirar el agua de la bañera con niño y todo), sugieren que es necesario tomar en serio las reformas institucionales y el apuntalamiento del Estado y sus órganos de control.

La derecha, en ese sentido, tiene una responsabilidad y su respuesta la elude señalando que el modelo no solo es irreprochable, sino que el problema es que ha sido corrompido por los deshonestos políticos y burócratas (y empresarios extranjeros con claras referencias políticas). El modelo no se mancha, claman, pero, a diferencia de Maradona, no aceptan equivocación alguna, sino todo lo contrario. “¡Si no tenemos reformas políticas es por culpa de los políticos!”, dicen, aun cuando hemos tenido dos décadas de un modelo en el que los tecnócratas mandan y los políticos se arriendan.La izquierda solo quiere volver al estatismo, dicen, aun cuando su defensa del modelo incluía ridiculizar a quienes –incluso desde la derecha– osaban plantear críticas sensatas a sus precarios cimientos institucionales.

Paradójicamente, salvar lo bueno del modelo parece estar, sobre todo, en el terreno de las élites. Estas, sin embargo, prestan más atención a sus conveniencias cortoplacistas y susceptibles convicciones que a sus responsabilidades. ¿Se comportarán, una vez más, como la élite que no es élite? Si es así, el resto rumiará la indignación hasta las próximas elecciones, esperando que alguien fuera del elenco de sospechosos habituales haga justicia a punta de discursos inflamados que los pongan en vilo. Por lo pronto, la clase política practica cachascán en señal abierta, repitiendo la infame fórmula “todos lo hacen, pero nosotros lo hacemos menos”. Así, finalmente, algo que podría reclamarse como un saludable proceso anticorrupción no pasará de ser un espectáculo obsceno –mascapaicha incluida– para quienes preferirán dedicar su tiempo a cosas “más productivas” antes que protestar, reafirmando que “lo que uno tiene es producto del esfuerzo, no del Estado ni de los políticos”. El modelo no se mancha.

Intentar no es suficiente

Paolo Sosa Villagarcia

Publicado en El Comercio el 15/12/2016

“Ante la inminente censura, el Gobierno aparece hoy descolocado frente a una oposición que se mantiene beligerante”.

La censura al ministro Jaime Saavedra es parte de la agenda de hoy en el Congreso. Una crispación política que se inició con el irresponsable comportamiento de la bancada fujimorista como mayoría opositora, interesada fundamentalmente en usar la inestabilidad del Gobierno para cohesionar los frentes internos y consolidar su poder en el imaginario colectivo. Por este motivo, la tensión no ofrecía visos de ser solucionada mediante la negociación de medidas o puestos claves en el Gobierno. Más aun si tomamos en cuenta que el Ejecutivo ha estado dispuesto a contentar sus desmedidas demandas, sin pedir concesiones significativas a cambio.

Frente a este escenario, algunos sectores ensayaron posibles salidas, entre las cuales se proponía el audaz uso de la cuestión de confianza por parte del Ejecutivo para frenar a la mayoría opositora en el Parlamento. Quienes proponían este camino sobreestimaron las capacidades y la voluntad política del Gobierno para enfrentar semejante desafío. ¿Cómo pedirle al presidente que abandere la lucha contra el fujimorismo sabiendo que ese discurso fue un préstamo en tiempos electorales?

No obstante, el presidente aún tenía la oportunidad de decidir cómo afrontar este problema. Una primera forma era ver la censura como una válvula de escape, intentando continuar con su gobierno como si no hubiera pasado nada. Salida poco probable por la posibilidad de que la imagen del Gobierno resulte vapuleada, quedando como una administración “cobarde” o “servil” ante la oposición. La segunda fórmula era aprovechar este espacio para dar un mensaje político claro a la oposición, capitalizando la indignación por la censura y demandando públicamente una negociación real con la oposición para asegurar la estabilidad. Una salida intermedia entre el enfrentamiento abierto y la pasividad absoluta.

El mensaje a la nación del día martes sugiere que el Gobierno optó por el segundo camino. Lamentablemente, este tipo de estrategia también demanda un mínimo de habilidades políticas que, valgan verdades, brillaron por su ausencia. Sacar del sombrero estas capacidades a estas alturas es bastante complicado. Así, un mensaje que debía ser de advertencia y firmeza, terminó pareciendo más bien de claudicación.

Ante la inminente censura, el Gobierno aparece hoy descolocado frente a una oposición que se mantiene beligerante, pero también frente a los grupos que lo apoyaron en la campaña contra el fujimorismo y que ahora ven frustradas sus expectativas de una respuesta más potente ante esta amenaza. Se ha cerrado el espacio para una crisis mayor, pero la intransigencia de la oposición y la desafección de los antifujimoristas auguran la apertura de nuevos conflictos que, a la larga, pueden terminar siendo igual de peligrosos.

Este nuevo escenario cambia las reglas de juego y va a demandar al Gobierno una mayor atención en sus relaciones con la oposición, algo que hasta ahora ha estado concentrado en procurar la aprobación de medidas para reactivar la economía y “destrabar” la gestión pública. Creer que la convergencia ideológica con el fujimorismo es el ancla para su estabilidad es subestimar que estos tienen, en última instancia, un interés en la captura del poder y el Gobierno no puede ofrecerles nada concreto en ese sentido. Por otro lado, volver a buscar el apoyo político del antifujimorismo parece difícil, pero no imposible si es que el fujimorismo sigue con su estrategia de avasallamiento. Este es un reto enorme para el presidente y, como ha quedado claro, hacer el intento no es suficiente.

Un incendio que no se sofoca

Paolo Sosa Villagarcia

Publicado en Noticias SER el 28/09/2016

El incendio de la iglesia cusqueña de San Sebastián supuso la desaparición de los lienzos y demás obras de arte colonial que albergaba, pero no es lo único que nos ha dejado la tragedia. Las cenizas han servido también para construir las teorías más estrafalarias sobre las causas -y razones- del mismo, así como para justificar ideas tan simples como irresponsables sobre las responsabilidades y posibles soluciones. Quien escribe estas líneas no es ni por asomo un entendido de los temas de patrimonio cultural, uno de los tantos temas sobre los cuales uno debería escuchar y leer atentamente antes que opinar a la ligera. Dicho esto, sin embargo, me permito comentar esta coyuntura en tanto ilustra una forma de pensar los problemas de la región que, considero, nos alejan de cualquier posibilidad de solución y mejora a los distintos problemas que nos aquejan.

Por un lado, aparecen una serie de teorías conspirativas sobre las razones del incendio. Dichas lecturas se basan en la incongruencia de la información que ofrecieron la Dirección Desconcentrada de Cultura (DDC) y el párroco de la iglesia sobre la cantidad de bienes existentes en dicho recinto, lo cual sugeriría la desaparición de los mismos. En la misma línea, otras denuncias llaman la atención sobre la “necesidad” del incendio como una estrategia para “desaparecer las pruebas” de una supuesta malversación de fondos en la reciente restauración de la iglesia por parte de la DDC. Situaciones que, por el momento, han sido negadas en las investigaciones que las autoridades competentes han desarrollado después del siniestro, pero que al ser efectistas distraen la discusión pública y desvían la mirada de quienes deberían estar interesados en discernir responsabilidades.

Por otro lado, el incendio también ha levantado el debate sobre la administración del patrimonio cultural y la negativa de la región frente al mecanismo de gestión cultural por parte de entes privados. Una columna aparecida en el Diario del Cusco, por ejemplo, argumenta que este tipo de problemas son un producto (“bien merecido”) de la negativa a la administración privada del patrimonio. El Estado ineficiente es, según esta perspectiva, el responsable directo del incidente, y por lo tanto la solución estaría concentrada en dejar que los privados se hagan cargo de estas tareas. Como en otros debates, la justificación se basa en la idea de que el afán de lucro sería el motivo fundamental para que éstas cuiden de mejor manera los bienes y, además, que sería más sencillo establecer responsabilidades y, por lo tanto, sanciones.

Sin embargo, como bien ha argumentado un representante de la Comisión de Juristas Contra la Corrupción y por la Defensa Social de Cusco, el principal problema detrás de este tipo de situaciones reside, efectivamente, en el manejo privado de estos espacios por parte del Arzobispado, institución que tiene la propiedad de los inmuebles. El Estado, a través de la DDC, se hace cargo de los mismos durante el periodo de restauración, pero una vez concluidos los proyectos tienen que devolvérselos al ente religioso. Y quienes conocen la región no negaran que si algo prima en esta dinámica es precisamente el carácter privado de la administración, no solo por el cobro de los servicios que se ofrecen a los feligreses sino también por el lucrativo beneficio que obtienen de la actividad turística.

Evidentemente no hay ningún problema con que una institución administre de esta manera un inmueble, puesto que éstos no se mantienen por obra y gracia de la fe. Sin embargo, los grandes beneficios no se corresponden con el pésimo cuidado que se tiene de estos espacios, como han mostrado las incursiones en otras iglesias de la ciudad a raíz del incendio. En estas se han identificado problemas en el mantenimiento de la infraestructura y el cableado eléctrico, posible origen del incendio. Es más, el representante de la Comisión de Juristas, en una entrevista con el periodista Mario Carrión, afirma que el problema de los inventarios reside principalmente en la negativa sistemática a transparentar la información frente al sector público y a la ciudadanía organizada, como ya se ha visto en otros casos.

De esta manera, uno podría pensar que, contrariamente a dichos planteamientos, este caso resalta la necesidad del fortalecimiento de las capacidades y herramientas de fiscalización por parte del Estado. Mucho más aún si tomamos en cuenta el contexto peruano donde el control sobre el actuar de los privados brilla por su precariedad. Agregando a esta ecuación la incapacidad que tiene el Estado para hacer cumplir las normas y sancionar a los privados no solo en este sector, sino en muchos otros. Argumentar que los privados son la solución -cual llave mágica- a estos problemas no solo carece de asidero empírico, sino que se basa en un desconocimiento muy peligroso sobre los riesgos que esto puede tener dadas las características antes señaladas. ¿O es que el Arzobispado no es, para todo efecto práctico, un ente privado?

Poder regional: ¿líderes o regiones poderosas?

Paolo Sosa Villagarcia

Publicado en Semana Económica, 17 de setiembre de 2016.

¿Qué tanto del poder de los líderes regionales se debe a su liderazgo o a dinámicas propias de las regiones? La encuesta resalta el auge de figuras empresariales como líderes regionales.

Los resultados de la XXXVI Encuesta del Poder revelan algunos datos interesantes, aunque poco sorprendentes luego de finalizado el proceso electoral de este año. ¿Quién es el líder regional más poderoso? Gregorio Santos (67%). No es novedad, puesto que ya en el 2012 ocupaba ese espacio, pero, además, por su sugerente respaldo electoral a pesar de haber estado recluido en un penal durante toda la campaña. ¿Cuál es la región más poderosa? Arequipa (94%), cuya presidenta regional, Yamila Osorio, es la segunda lideresa regional más poderosa (44%), según esta encuesta. La lista de los cinco líderes más importantes la completan Fernando Cillóniz (23%), César Acuña (20%) y Martín Vizcarra (10%). Esto, por las características de la encuesta, refleja una visión sobre las regiones básicamente proyectada desde Lima y desde espacios muy particulares del Estado, de la sociedad civil y del cuerpo empresarial.

Dadas las limitaciones de la encuesta, como la intermitencia de aplicación de las preguntas a través de los años, es imposible saber más allá de esta fotografía, es decir, mirar hacia atrás y completar el panorama con información sobre la evolución de esos liderazgos. A pesar de ello existen algunas preguntas sobre presidentes regionales o dinámicas económicas y sociales que nos pueden ayudar a completar la imagen panorámica del poder regional a partir de esta encuesta. En efecto, encontramos que desde el 2002 —año clave para el proceso de descentralización— hasta la fecha los distintos tipos de preguntas referentes al poder en las regiones arrojan constantemente información sobre siete regiones: Arequipa, Cusco, La Libertad, Lambayeque, Áncash, Loreto y San Martín, regiones a las que en los últimos años se empiezan a sumar Cajamarca y Moquegua. Vale entonces preguntarse hasta qué punto la encuesta refleja efectivamente el liderazgo individual o, más bien, refleja el vigor de la sociedad de las regiones.

Este ejercicio es importante porque, en la mayor parte de casos, los ‘líderes regionales’ que aparecen por lo general lo hacen por ser la cabeza o una de las figuras más saltantes de estas regiones. De hecho, incluso en los casos en los que el liderazgo parece ser un rasgo importante, encontramos que en el fondo esos espacios son posibles en gran medida por cambios internos en las dinámicas regionales y surgimiento de nuevas élites relacionadas a esos fenómenos. El caso de Gregorio Santos y Cajamarca es claro en ese sentido. Como muestran los trabajos de Luis Meléndez, la introducción de la minería en la región desencadenó una serie de eventos que terminaron tonificando y vigorizando la dinámica política regional. Así las cosas, Santos es más bien un producto de la movilización antes que un dirigente social que articula las bases. Una situación similar podría observarse, salvando las distancias, en los casos de San Martín o Moquegua, donde el liderazgo viene acompañado o se origina, por una sociedad regional cada vez más enérgica. Finalmente, el liderazgo y el poder no siempre son garantía de buen gobierno; basta ver la valoración que en el 2012 y el 2014 se tenía sobre César Álvarez (Áncash), hoy procesado por la justicia.

Resalta mucho que recién a partir del 2014 empiecen a aparecer mujeres en este tipo de listas regionales. Las figuras de Susana Villarán y Yamila Osorio son lamentablemente excepciones dentro de una lista que ha estado más bien dominada por hombres.

También es importante resaltar que, aun cuando los políticos son los principales protagonistas de estos recuentos, en los últimos años podemos ver cada vez más figuras empresariales regionales y —más importante— la combinación de empresario-político, como en el caso de Fernando Cillóniz o César Acuña.

Una de las cuestiones más interesantes son las limitaciones de proyección nacional de los liderazgos regionales. En el 2007, la encuesta preguntó quiénes eran los presidentes (hoy gobernadores) regionales con mayor proyección política en el futuro, y los cuatro primeros nombres eran Yehude Simon, Álex Kouri, Vladimiro Huaroc y Juan Manuel Guillén. Todos ellos han jugado en las ‘grandes ligas’ —por ponerle un nombre—, pero siempre con papeles secundarios. Por otro lado, resaltan nuevas figuras regionales, como Verónika Mendoza o César Acuña, que, hoy por hoy, están posicionadas, sobre todo la primera, como figuras poderosas de carácter nacional.

Rumores de transfuguismo

Paolo Sosa Villagarcia

Publicado en El Comercio el 09/09/2016

“Parece que los congresistas de las principales bancadas todavía tienen incentivos para mantenerse unidos”.

En las últimas semanas se ha hecho común leer en la prensa sobre “diferencias”, “discrepancias” y hasta “pugnas” internas en las tres bancadas parlamentarias más importantes de esta legislatura. Estos conflictos están relacionados con posturas divergentes en temas como la designación del defensor del Pueblo, por el choque de liderazgos internos y, en algunos casos, por la conformación de comisiones o nombramientos de asesores.

Este escenario llama la atención y advierte sobre los posibles casos de transfuguismo que podrían darse en los próximos meses. Esta no es una situación anómala. Como señala el politólogo Jorge Valladares, la renovación del Parlamento peruano trasciende el acto electoral, puesto que este se transforma constantemente durante el propio período legislativo, “con la progresiva atomización de los partidos o coaliciones y la simultánea simbiosis entre sus fracciones”.

¿Qué es el transfuguismo? Es lo que sucede cuando un congresista electo por el partido A se cambia a la bancada del partido B o crea, junto con otros tránsfugas, una bancada C. Pero para que haya transfuguismo tienen que existir incentivos. Por lo general, los tránsfugas cambian de bancada movidos por intereses particulares antes que por el respeto a grandes agendas programáticas o ideológicas. Esto lo sabía muy bien el régimen fujimorista y lo aprovechó para construir su mayoría a costa del erario público.

En ese caso el incentivo era eminentemente monetario, sin embargo no son los únicos motivos. En otros casos prima la aspiración a continuar la vida política, con lo cual los congresistas se acercan a las bancadas cuyos partidos o –más propiamente– sus candidatos tienen importantes chances de ganar las siguientes elecciones. Otro tipo de incentivos son incluso más concretos: hacerse con la presidencia de una comisión o tener a posibilidad de posicionar sus intereses particulares de forma más eficiente en la agenda parlamentaria.

¿Estos incentivos están presentes hoy? Es difícil saberlo a ciencia cierta, pero podemos esbozar algunos escenarios. Para empezar, las lealtades partidarias en la mayor parte de bancadas son débiles por diversos motivos (como la cantidad de invitados independientes, las pugnas entre “provincianos” y “limeños”, o la existencia de facciones disputando posiciones y recursos). Sin embargo, parece que los congresistas de las principales bancadas todavía tienen incentivos para mantenerse unidos. En términos generales, dos circunstancias pueden ayudar a esta situación: las investigaciones al gobierno saliente y las elecciones subnacionales del 2018.

Adicionalmente, en el caso de Fuerza Popular, conservar la mayoría parlamentaria les abre a sus miembros una serie de oportunidades y prerrogativas que ninguna otra bancada podría ofrecerles, mientras que el Frente Amplio parece valorar la oportunidad de posicionar y canalizar demandas que puedan fortalecer sus bases electorales. En el oficialismo el panorama es más complejo por los dimes y diretes, sin embargo, una ruptura de la bancada podría ser poco probable en tanto esta situación posiblemente supondría la atomización de quienes opten por ese camino. La oposición ya es mayoría y no los necesita para mantener ese estatus.

El recordado Henry Pease, uno de los más preocupados por el tema, sostenía que el transfuguismo era un enemigo fatal de la democracia, puesto que corroía los cimientos de la representación al torcer la voluntad popular. Así, Pease promovía la vacancia automática para los tránsfugas bajo la premisa de que “si rompes el vínculo con el partido que te llevó, también estás rompiendo tu elección”. Paradójicamente, las voces que enarbolan este discurso en la actualidad vienen del fujimorismo, preocupadas por la posibilidad de perder su mayoría. Esperemos que sean consecuentes con esta posición incluso si, eventualmente, los rumores de transfuguismo apuntaran hacia un destino naranja.

Firme y feliz por la unión

Paolo Sosa Villagarcia

Publicado en Noticias SER el 28/07/2016

El mensaje del presidente Pedro Pablo Kuczynski se ha concentrado fundamentalmente en exponer sus principios rectores. Ha sido, qué duda cabe, un mensaje político antes que tecnocrático. Frente a los detalles y las cifras que han enmarcado los mensajes presidenciales de la última década, PPK ha ofrecido más bien una visión de país, un bosquejo de lo que anhela sea el significado de su gobierno dentro de la historia republicana.

Primero, resalta su evocación de los ideales republicanos de igualdad, equidad y fraternidad como una agenda históricamente pendiente y, en ese sentido, pilar de la orientación de su “revolución social”. Una agenda compleja y ambiciosa que incluye tanto el compromiso por cerrar la brecha en el acceso a servicios básicos para todos los peruanos como en erradicar los lastres históricos de la discriminación y las desigualdades de género.

En segundo lugar, el discurso ha tenido un talante moderado, sin palabras altisonantes, recurriendo a este para comprometer el apoyo de los grupos de oposición. Esto es algo clave si tomamos en cuenta lo ambicioso de sus planteamientos. El gobierno de Kuczynski necesita tender puentes con la oposición si quiere avanzar en sus políticas, y esto pasa por intentar “llevar la fiesta en paz”, como se dice popularmente.

No obstante, la dinámica no depende solamente de las iniciativas unilaterales. En ese sentido, el fujimorismo y la izquierda tendrán la compleja tarea de responder y comportarse a la altura de las circunstancias: sin obstruccionismo pero al mismo tiempo sin claudicar a sus principios.

Las alianzas del gobierno no acabarán en el Parlamento. Los gobiernos regionales son aliados potencialmente importantes y el vicepresidente Vizcarra ya ha tenido la iniciativa de buscar a sus gobernantes. Sin embargo, las elecciones subnacionales de 2018 están cerca y, a todas luces, más tiendas políticas de alcance nacional estarán interesadas en ellas.

El mensaje ha estado cargado de símbolos e imágenes que confirman el talante republicano antes señalado. Un llamado a la paz y a dejar de lado los enfrentamientos, pero también una revaloración del Estado, de la cosa pública. No solo por su compromiso contra la corrupción, sino sobre todo por sus constantes llamadas a reconocer el rol que desempeñan los funcionarios públicos, especialmente los de menor rango.

Asimismo, queda claro que las líneas generales no son disruptivas de la trayectoria establecida por los gobiernos pasados, una vocación por la continuidad que se reafirma con su llamado a pensar en políticas de Estado antes que de gobierno. En ese sentido, es anecdótico que Kuczynski hay finalizado su mensaje al igual que su predecesor, recordando el compromiso fundante: “Firme y feliz por la unión”.