Durante las últimas semanas, los enfrentamientos entre la empresa Xstrata y la población en Espinar han sido punto de atención por el escalamiento del conflicto. Sin embargo, durante el desarrollo de la intervención minera en esta zona, estos tienen una historia larga. Si bien es cierto que el primer enfrentamiento tiene que ver con las expropiaciones de tierra, el gran tema de fondo que se arrastra hasta estos días es el papel de la empresa y los recursos que provee para el desarrollo económico y social de la localidad. Es por este motivo que el objetivo principal de este informe es mostrar el panorama largo del conflicto para comprender mejor el último estallido, exponiendo principalmente las condiciones para el diálogo en este conflicto de intereses. Lo que veremos es una evolución, no necesariamente positiva, de estos espacios así como el mantenimiento de una dinámica de apartamiento por parte del gobierno nacional.
En 1990 encontramos el primer estallido de violencia cuando los pobladores tomaron el local de la entonces empresa estatal. Las autoridades políticas locales ya habían solicitado la inclusión de la actividad minera al desarrollo económico de Espinar, otorgando empleo, servicios básicos y obras públicas de infraestructura. Esta agenda también incluía las demandas de los miembros de las comunidades a las cuales se les expropiaron sus tierras al iniciarse el proyecto. El Frente Único de Defensa de los Intereses de Espinar (FUDIE) elaboró el pliego de demandas específicas, que iban desde la electrificación y asfaltado hasta el empleo preferente a favor de los espinarenses.
A partir del año 2000 se priorizó una agenda que buscaba incluir propuestas integrales y de largo plazo. En este contexto es que se buscaron instrumentos institucionales para permitir el diálogo y limitar los conflictos. En las elecciones municipales de 1998 ganó el Movimiento de Integración K’ana (MINKA), liderado por Oscar Mollohuanca, quien junto a organizaciones no gubernamentales y de la sociedad civil –CooperAcción y CONACAMI– buscaron establecer un convenio entre la empresa BHP- Billiton y la población (2). En el 2001 se hizo pública la primera propuesta de Convenio Marco donde se exigió el financiamiento de obras de infraestructura, monitoreos y solución a pasivos ambientales, empleo y capacitación preferente a personas de Espinar, y desarrollo sostenible para las comunidades afectadas. Para el 21 de mayo de ese año se planificó un paro provincial, pero la empresa decidió dialogar y suscribir el Convenio Marco. Lamentablemente las negociaciones fueron suspendidas en el 2002.
El año 2003, el FUDIE y la Federación Única de Campesinos de Espinar (3) encabezaron una toma del local de la empresa, logrando acelerar el proceso de diálogo. El nuevo alcalde Luis Álvarez Salcedo junto al Comité de Concertación Social y representantes de la empresa finalizaron el diálogo firmando el Convenio Marco el 3 de setiembre del 2003. Este, como es conocido, estableció el aporte del 3% de sus utilidades al desarrollo de la provincia de Espinar y la implementación de un instrumento de vigilancia ambiental.
Sin embargo, en el año 2005 se produjo un nuevo enfrentamiento que terminó con una violenta toma de local bajo el reclamo de la lentitud del proceso y se exigió la reformulación del Convenio Marco. Las acciones tomadas por las organizaciones obligaron el cierre de operaciones de la empresa, las que reanudaron tras la calma y el diálogo, logrando el compromiso para la construcción de un hospital y la carretera, así como la búsqueda de una evaluación ambiental de carácter provincial.
Pese a todos estos desencuentros podemos constatar que los estallidos de violencia fueron contenidos gracias a la presencia de espacios de diálogo. Este camino suele ser el más común en zonas donde la empresa ya está establecida por largo tiempo y busca negociar las condiciones en las cuales seguirá operando. De este modo se tiene entidades que se articulan para las negociaciones y van estableciendo mejores estrategias con el tiempo, es por ello que la ruptura de los vínculos de diálogo que desencadenaron los fatídicos hechos de las semanas recientes tienen que ser evaluados con detalle.
La demanda por la reformulación del Convenio Marco
Durante el 2011 la agenda fue la modificación del Convenio Marco, adaptándolo a la nueva normativa nacional e internacional y evaluando el cumplimento de acuerdos y procedimientos. Esto a causa de que este documento fue firmado con la empresa BHP Billiton, y el yacimiento había pasado a manos de Xstrata en el 2006, y porque existía un nuevo contexto con el cierre del yacimiento de Tintaya y la articulación de dos nuevos proyectos -Antapacay y Ccorccohuayco– al proyecto de Las Bambas. El alcalde Mollohuanca que volvió a ser elegido el 2011, junto al FUDIE, la FUCAE y otras organizaciones, formaron una Comisión Reformuladora del Convenio Marco a mediados del mes de agosto de 2011. El día 17 de agosto se realizó la segunda asamblea del Comité de Concertación del Convenio Marco, con la inasistencia de representantes de Xstrata, acordándose la modificación de los reglamentos, permitiendo incluir nuevas organizaciones. Al finalizar el evento, Fundación Tintaya circuló una carta donde se desconocían los acuerdos.
En los últimos días del mes de agosto se realizó el Primer Congreso de Reformulación del Convenio Marco, donde participaron 50 comunidades campesinas, 45 barrios y pueblos jóvenes, 78 organizaciones, representantes de la provincia de Chumbivilcas –entre ellos el alcalde provincial- y tres congresistas: Rubén Coa, Julia Tevéz y Agustín Molina. Este evento concluyó con la agenda que buscaba la asignación del 30% de las utilidades de la empresa, así como la propuesta de que el 80% de trabajadores sean de la localidad además de la incorporación del agua como un derecho humano irrenunciable. Sin embargo, lo más importante del documento es que limitaba las acciones de la empresa en el manejo financiero, logístico y administrativo de los presupuestos asignados por el Convenio, así como en la vida política local y la exigencia de una mayor participación del Estado –léase gobierno nacional- en la supervisión y fiscalización ambiental.
Si tomamos en cuenta el estudio de Cecilia Perla sobre las empresas mineras como promotoras de desarrollo (4), podemos notar que en el conflicto entra a tallar el dilema de desarrollo económico sin desarrollo político institucional. Existe una brecha institucional entre la empresa minera, que maneja los procedimientos mediante los cuales se asigna y ejecuta la inversión; el Estado que renuncia a su rol de regulador de la discrecionalidad de este proceso así como en otros aspectos; y finalmente las implicancias para la política local caracterizada por la formación de grupos de interés que buscan regular estos recursos así como la precariedad de la representación subnacional.
En este contexto, en el mes de setiembre de 2011 se presenta los resultados del “Informe de Monitoreo Ambiental Participativo en el Ámbito del Proyecto Xstrata Tintaya”, promovido por el convenio realizado entre la Municipalidad Provincial de Espinar y la Vicaría de Solidaridad de Sicuani. Este informe fue realizado por la ingeniera ambiental Eike Humpe, quien junto al FUDIE, la FUCAE y miembros de comunidades afectadas realizaron el trabajo de campo. Humpe concluye que no era recomendable consumir el agua de los sectores de donde se recabaron las muestras. La respuesta de la empresa a estos cuestionamientos fue atacar a las organizaciones que promovieron el estudio y el gobierno nacional no dio respuesta alguna pese a que el Presidente Ollanta Humala recibió directamente un memorial en un acto protocolar el 2 de octubre.
En este punto, la falta de participación de Xstrata en los espacios de diálogo se hizo reiterativa, agravándose luego que el 21 de noviembre el alcalde Mollohuanca, junto al secretario de medio ambiente del FUDIE interpusieran una denuncia penal a la empresa Xstrata Tintaya. El 23 de enero de 2012 el Frente Único de Transportistas y Choferes de Espinar inició una paralización exigiendo el cumplimento del Convenio Marco, en lo que respecta a la contratación de personal de la localidad por parte de Xstrata. El día 28 de enero se realizó una reunión multisectorial para que la FUDIE, la FUCAE y otras organizaciones se sumaran al paro el día 6 de febrero respaldando las protestas del FREUTRANSCH (5). Sin embargo, esto no llegó a producirse ya que el día 2 de febrero se realizó una reunión entre el alcalde Mollohuanca, el gerente general de Xstrata Tintaya, Edgardo Orderique, el consejero regional Florentino Huanque, el presidente regional Jorge Acurio, regidores y dirigentes locales. En aquella ocasión se acordó retomar el diálogo entre la municipalidad y la empresa, la instalación de mesas de trabajo con los transportistas, la revisión de la Fundación Tintaya, entre otros.
El día 10 febrero se instalaron las mesas de trabajo. Xstrata Tintaya rechazó la reformulación del Convenio Marco y afirmó que estaba siendo coaccionada. Simultáneamente, la congresista Verónika Mendoza hizo llegar un informe del ministerio de Salud a la municipalidad de Espinar. El diálogo entre la empresa y la población empezó a resquebrajarse cada vez más, mientras que el gobierno nacional volteaba la mirada en su momento de mayor silencio. Lo que sigue a esto es lo que la prensa nacional ha logrado transmitir en las últimas semanas: enfurecidos manifestantes, ningún asomo de intenciones de diálogo y finalmente represión estatal.
De esta historia podemos encontrar un marco muy similar a los estudios planteados en el libro de Martín Tanaka y Romeo Grompone (6), sin embargo hay que anotar algunos cambios importantes. En primer lugar, no estamos frente a la presencia de un conflicto conducido por un broker, el intermediario es una autoridad electa que coordina con gremios y frentes de defensa. Al igual que en el caso de Conga que es liderado por el presidente regional de Cajamarca, el alcalde Mollohuanca tiene cierta legitimidad como autoridad local pero también tiene una voz legitima y legal por su misma condición. En una negociación con el gobierno nacional esta característica debió ser aprovechada para moderar las peticiones, sin embargo el propio desorden del Ejecutivo se vio consumado con el arresto del alcalde en un contexto en el que probablemente lo único que se logró fue sumarle legitimidad a nivel de los ciudadanos movilizados.
Si asumimos que un conflicto social se produce en gran medida por la falta de mecanismos institucionales para agregar demandas desde abajo hacia el gobierno nacional, en este caso tenemos al alcalde, pero también al presidente regional y los congresistas de la región (todos del partido de gobierno) participando en el diálogo fallido con la empresa, sin éxito alguno por la inacción del Ejecutivo. Podría argumentarse que ésta es la actitud propia de un gobierno que no sabe hacer política en un contexto claramente politizado por el “abandono” de las promesas de campaña especialmente en sectores que votaron masivamente por el actual gobierno.
Hay también un problema más estructural que se arrastra, como vemos, desde otros gobiernos y que tiene que ver con el rol del Estado como represor antes que como regulador; y una empresa minera que controla de alguna manera la inversión en proyectos de desarrollo local. La minería no es el problema en sí misma, sino la incapacidad del Estado como aparato burocrático para cumplir su rol, así como la poca voluntad del gobierno para acercarse con un mensaje diferente a estos ciudadanos.
Notas
(1) Daniel Guevara es antropólogo de la Universidad Nacional San Antonio Abad del Cusco y Paolo Sosa es estudiante de Ciencia Política y Gobierno de la Pontificia Universidad Católica del Perú.
(2) Ver Camacho, Luis y Félix Lossio.La Mesa de Diálogo de la provincia de Espinar: solucionando conflictos entre sociedad civil local y empresa minera sin la presencia del Estado. En Participación ciudadana en el Perú: Disputas, confluencias y tensiones. Lima: PUCP, 2007
(3) La FUCAE buscaba la solución a los problemas producidos por la expropiación de tierras.
(4) Perla, Cecilia. ¿Empresas mineras como promotoras del desarrollo? La dimensión política de las inversiones sociales mineras en el Perú. En La iniciación de la política. Carlos Meléndez y Alberto Vergara (eds). Lima: PUCP, 2010.
(5) La posición original de estas organizaciones era la de no sumarse al paro ya que el 24 de enero estaba pactada una reunión con un representante de Xstrata, la que no se concretó por la inasistencia de este último.
(6) Grompone, Romeo y Tanaka, Martín. Entre el crecimiento económico y la insatisfacción social. Lima: IEP, 2009. Se establece que la movilización se produce en contextos de fragmentación horizontal y vertical en base a oportunidades políticas, marcos cognitivos de referencia favorables a la movilización, con fuertes liderazgos de dirigentes con juegos propios distinguibles de la población y de las autoridades, entre otras.
Otras referencias:
-De Echave, José et al. Minería y conflicto social. Lima: IEP, 2009
-Paredes Pando, Oscar. Tintaya: entre la subsistencia campesina y el enclave minero. Cusco: UNSAAC, 2003.
-Sullca, Sergio. Sullca Sur Andino.
Paolo Sosa-Villagarcia 