Paolo Sosa Villagarcia
Publicado en Agenda Pública (El País) el 18/07/2019
Durante la última década, los balances sobre la política peruana resaltaban dos aspectos: la paradójica persistencia de su régimen democrático y la notable hegemonía de la derecha, especialmente en contraste con el llamado ‘giro a la izquierda’ experimentado por otros países de América Latina. Por un lado, la democracia peruana, inaugurada en la transición de 2001, ha superado récords históricos de continuidad, a pesar de tener condiciones estructurales e institucionales desfavorables. Por otro lado, la elección de candidatos con plataformas divergentes no devino en cambios radicales en el manejo macroeconómico, más allá de adaptaciones parciales para lidiar con los efectos colaterales del crecimiento económico.
Por ello, Julio Cotler describió la experiencia peruana como una de “hegemonía neoliberal”, sobre una institucionalidad democrática sostenida “por ‘default’”. Este panorama, sin embargo, pareciera haber cambiado significativamente en los últimos tres años. La avivada tensión entre el Ejecutivo y el Legislativo ha llevado a serios episodios que han puesto a prueba la institucionalidad constitucional peruana. El origen de esta tensión se encuentra, paradójicamente, en el conflicto entre dos fuerzas de derecha, otrora aliadas frente a la ‘amenaza del chavismo’: Fuerza Popular, el partido político del fujimorismo, y Peruanos Por el Kambio (PPK), un vehículo electoral hecho a la medida del tecnócrata neoliberal Pedro Pablo Kuczynski (PPK).
En 2016, PPK ganó las elecciones presidenciales en una reñida segunda vuelta frente al fujimorismo, mientras que éstos se hicieron con la mayoría en el Congreso de la República. Aunque los análisis auguraban una potencial coalición de Gobierno entre ambas fuerzas, el fujimorismo asumió un rol de oposición, que degeneró en una serie de episodios de confrontación que pusieron en vilo la gobernabilidad del país y terminaron afectando negativamente tanto al Gobierno como a la oposición. En 2017, la renuncia de Kuczynski y la toma de mando de su vicepresidente, Martín Vizcarra, no puso fin al conflicto. Al contrario, la oposición ha forzado al Ejecutivo a usar las herramientas constitucionales para contrarrestar sus embates. A esta relación tensa se le sumaron los avances en las investigaciones del ‘caso Lava Jato’, que han alcanzado a las cúpulas de las principales tiendas políticas, restándoles mayor credibilidad.
Este contexto no sólo ha polarizado el discurso político entre las élites, sino que ha alienado completamente el debate parlamentario de las preocupaciones materiales del ciudadano promedio. Como consecuencia, se ha intensificado la antipatía ciudadana frente al Congreso. Tan es así que el 70% de la población respalda el cierre del Congreso, de acuerdo con una encuesta del Instituto de Estudios Peruanos. Del mismo modo, mientras los políticos de oposición denuncian la judicialización política, la ciudadanía respalda masivamente los avances de la Fiscalía en sus acusaciones contra la élite política. Por su parte, el Ejecutivo de Vizcarra ha encontrado en esta antipatía el principal combustible para mantener su popularidad y, de esta manera, aspirar a terminar con su periodo de gobierno.
En un movimiento audaz, el presidente logró capitalizar ese sentimiento mediante la convocatoria de un referéndum para decidir sobre reformas electorales y constitucionales importantes. Esto abrió un espacio para el diseño de reformas institucionales que pueden remediar la crisis política, las cuales fueron encargadas a una comisión conformada por expertos sin filiaciones partidarias. Al concluir su trabajo, las recomendaciones fueron presentadas por el Ejecutivo al Congreso para su aprobación. Sin embargo, las constantes demoras en la discusión parlamentaria llevaron al presidente a plantear una cuestión de confianza sobre este asunto, usando con éxito una amenaza de cierre del Congreso para acelerar el debate.
Así las cosas, ¿cuál es el estado de la democracia peruana? ¿cuáles son los posibles escenarios a futuro? En primer lugar, uno de quiebra democrática parece muy difícil. A pesar del importante descontento ciudadano, ni las condiciones ni los actores necesarios están presentes para fomentar una ruptura del régimen como las observadas en 1969 o en 1992, episodios en los que el conflicto entre poderes devino en golpes de estado. De darse una situación similar, en el caso que Vizcarra atendiese el clamor popular por la disolución del Parlamento, ésta muy probablemente seguiría un curso constitucional y, debido a la precariedad de los actores políticos, difícilmente abriría un espacio para la instauración de un régimen autoritario.
No obstante, el deterioro en la legitimidad de las instituciones democráticas es importante, y podría contribuir a una erosión lenta del régimen. Por un lado, un grupo minoritario, aunque mediáticamente importante, mantiene una campaña activa contra las supuestas inclinaciones autoritarias del Gobierno. Originalmente encabezados por el expresidente Alan García, políticos y periodistas han equiparado las acusaciones de la Fiscalía y las respuestas del Gobierno ante la oposición con estrategias de represión y persecución política. Aunque han fracasado rotundamente en instalar este sentido común entre la ciudadanía, su discurso contribuye activamente a normalizar el cuestionamiento al orden constitucional y la legitimidad de las autoridades, de forma irresponsable.
Por otro lado, la gestión del presidente Vizcarra es todavía ininteligible respecto a sus objetivos de largo plazo. Más allá de sus enfrentamientos con la oposición fujimorista y la inusitada iniciativa presidencial sobre la reforma política, varios temas cruciales permanecen fuera del radar de la agenda pública o en piloto automático. La política ministerial, por ejemplo, dista de tener mayores implicaciones en el debate, más allá de los temas priorizados por el Parlamento, los cuales están más alineados con los intereses particulares y cortoplacistas de la fuerza mayoritaria. Aunque esta dinámica está parcialmente fuera del control presidencial, la falta de políticas integrales y el foco casi exclusivo en el conflicto con el Legislativo no contribuyen a remediar esta imagen de inmovilidad que aliena a la ciudadanía de la política representativa.
En este contexto, dos ejes de política han hecho saltar las alarmas de los analistas por sus potenciales implicancias para el sistema político en su conjunto. Por un lado, la respuesta social de algunos sectores conservadores ha sido contundente frente a un magro avance en las políticas de igualdad de género. El autodenominado movimiento ‘pro-familia’ se ha vigorizado, convocando a multitudinarias marchas en oposición a la introducción de uniones civiles entre personas del mismo sexo, la despenalización del aborto y la introducción de la llamada ideología de género en el currículo escolar. A pesar de que la opinión pública se muestra cada vez más favorable a políticas progresistas en estas materias, la capacidad de organización y cohesión de estos grupos ha demostrado ser clave en procesos electorales en otros países de la región, incluyendo Brasil, Colombia y Costa Rica.
Por otro lado, la crisis migratoria venezolana, originalmente bienvenida en el país, registra hoy niveles preocupantes de oposición en la opinión pública, así como se han incrementado las actitudes xenofóbas entre la ciudadanía. Esta situación ya ha sido politizada por candidatos y autoridades locales, quienes han empezado a usar este descontento para legitimarse frente a sus electores mediante discursos y ordenanzas públicas claramente inconstitucionales. Lo más preocupante, sin embargo, es que el discurso dominante sitúa la migración como un problema de seguridad pública, con lo que la demanda de mano dura vuelve al centro del debate. Ante esto, el Gobierno ha empezado a tomar cartas en el asunto, aunque una política integral para mediar con los efectos colaterales del influjo migratorio todavía no es visible.
Ambos elementos podrían, eventualmente, dar pie al preocupante surgimiento de un populismo nacionalista y conservador, en medio de una de las crisis de representación más agudas desde la transición de 2001. Esto, principalmente, porque los escándalos de corrupción, que han servido de combustible para la crisis, no son atribuidos por la ciudadanía a problemas derivados del modelo económico o la precariedad estatal –haciendo que los cuestionamientos al modelo neoliberal sean secundarios–, sino a una suerte de crisis moral dentro de la élite política. Por ello, aunque el ‘fujimorismo’ intenta hoy alinearse con estas demandas –aprovechando la movilización social en beneficio particular–, no sería sorprendente que sean desbordados por los grupos que intentan representarlas, siendo finalmente canalizadas por candidatos aún más anti-políticos.
Esta avenida parece dominada por grupos ubicados a la derecha; sin embargo, tampoco sería improbable que una opción de izquierda conservadora pueda terminar movilizando un nacionalismo moral y anti-establishment. Dicho esto, la intolerancia de la derecha peruana –aún la más ‘liberal’- frente a opciones de izquierda moderada podría anticipar su apoyo a una eventual candidatura claramente iliberal, mientras ésta no comprometa el modelo económico. Aunque es muy difícil imaginar un escenario de victoria presidencial para este tipo de candidatura, una campaña medianamente exitosa podría contribuir a la elección de congresistas alineados con estas agendas; o, como ha sucedido en otros países, a la normalización de posiciones radicales que, de no ser atendidas, contribuyen a agravar la antipatía con la democracia.
(Estas ideas fueron originalmente presentadas en el Congreso de la Canadian Association for Latin American and Caribbean Studies. La presentación fue parte del panel “The Return of the Right in Latin America”, organizado por Liisa North y Maxwell A. Cameron, con el apoyo de Social Sciences and Humanities Research Council of Canada.)
Paolo Sosa-Villagarcia 