Paolo Sosa Villagarcia
Publicado en El Comercio el 08/05/2013
Ver a Marco Tulio Gutiérrez promover una reforma para introducir la revocatoria para los congresistas causa gracia a algunos y preocupación a otros. En un escenario de desprestigio parlamentario alto, la propuesta podría tener un apoyo popular considerable, sin embargo algunos minimizan esto pues la medida sería finalmente debatida en el Congreso. Pero, imaginemos el peor escenario: alto apoyo a la medida y rechazo en el Congreso ¿cómo queda la ya maltrecha imagen de esta institución? Un Congreso que no puede ponerse de acuerdo en temas importantes (Defensoría del Pueblo, Tribunal Constitucional y el BCR), pero sí para aumentarse el sueldo o “blindar” sus cargos. Por ello considero que es necesario no subestimar esta campaña, recordemos que lo mismo hizo la municipalidad de Lima y terminó al borde de la revocación.
Por ello podría ser beneficioso que Congreso pueda debatir alternativas más sostenibles, como la renovación por tercios o el rediseño de las cámaras en el Poder Legislativo. Así como debates a fondo sobre las reformas y sus implicancias en el largo plazo en un contexto de desinstitucionalización política. En los últimos meses hemos visto debates como estos sobre la revocatoria en el fragor de la campaña limeña, sin embargo hasta hoy no se agenda una revisión seria de esta institución. Al respecto hay interesantes investigaciones sobre los efectos no previstos de algunas reformas que inicialmente son vistas como políticamente necesarias.
Como ejemplo, hace más de diez años se impulsó la agenda descentralista con la aprobación de una ley apoyada por diversos frentes. Esta medida buscaba responder tanto a intereses histórico-institucionales como la desconcentración del poder en la capital, como el empoderamiento de los actores regionales para recuperar la institucionalidad socavada por el fujimorato. Sin embargo, hemos observado que la política en la arena sub nacional ha reforzado en algunos aspectos esta desinstitucionalización, especialmente si vemos la interacción con otras reformas. Por ejemplo, junto a la Ley de Partidos ha generado algunos incentivos negativos para no invertir en el fortalecimiento de movimientos enraizados, organizadas y, mucho menos, de alcance nacional, contribuyendo en buena medida a la fragmentación política que también ha permeado en los conflictos y movimientos sociales.
Por otro lado, sin una capacidad de fiscalización y control sobre las instituciones regionales se han generado espacios donde las autoridades locales pueden hacer un uso indiscriminado de recursos políticos y económicos a favor de sus campañas (donde además existe la reelección) o de hostigamiento contra grupos opositores. Si el propio gobierno central no está exento de caer en este tipo de prácticas, especialmente porque el Congreso no ejerce, por voluntad o impotencia, una fiscalización efectiva, situación que se reproduce con mayor facilidad en las regiones o gobiernos locales, como hemos observado en estas semanas con los casos de Ancash o San Juan de Lurigancho en Lima donde se registran prácticas de amedrentamiento y clientelismo.
Ahora, tampoco es cierto que todas las regiones sean unidades todopoderosas que puedan consolidar casos de “autoritarismos subnacionales”. Es evidente que una región que se pelea con el gobierno central puede ser víctima de represalias presupuestarias o el uso de mecanismos de fiscalización como hostigamiento para remediar conductas beligerantes. Esta situación ha sido denunciada por varias autoridades regionales en los últimos gobiernos.
Tantos otros efectos pueden ser apuntados en esta lista. Si lo que se buscaba era la integración de regiones para crear unidades sostenibles política y económicamente, lo que se ha logrado es crear centros de poder y recursos económicos en forma de “regiones/departamentos” que funcionan como incentivos perversos para no conformar macro regiones. A ningún político le conviene luchar cargos de elección popular en espacios electorales más grandes y diversos. Del mismo modo, pocas regiones están dispuestas a compartir sus “riquezas” con sus vecinos, e incluso se han fomentado conflictos interregionales por medios de producción (Majes-Siguas II) o por la distribución de canon (como el ‘moqueguazo’).
Sería mezquino no reconocer los avances que ha traído el proceso de descentralización y compararlo con la propuesta de Gutiérrez, a fin de cuentas el problema no es la descentralización en sí misma sino la forma como ha sido implementada. Sin embargo, el corazón descentralista no puede desenfocarnos en el objetivo de mejorar este tipo de reformas, sobre todo porque son importantes y necesarias en el país. Esa misma óptica debería ser vista al momento de debatir las medidas necesarias para mejorar la calidad parlamentaria. No podemos negar que es un tema urgente, puesto que es uno de los pilares de la democracia, pero si las cosas siguen como están, cualquier propuesta puede ser vista como la solución, así como en 1992 fue aplaudido el cierre del Congreso.
Paolo Sosa-Villagarcia 