Más de cincuenta días después de iniciada la huelga en el Cusco, los maestros siguen en las calles
«Nosotros, primero que nada, exigimos al gobierno y a la ministra que solucionen lo que nuestros docentes piden. (La solución) no es, como dicen por ahí, que se retire a los docentes. No es algo justo, porque ellos son los que forman el futuro del Perú. Sin los maestros, ¿qué sería la ministra? ¿qué sería el presidente? ¿qué sería un policía? No sería nada. Ellos son los que nos forman a nosotros, los que nos inculcan conocimientos. Nosotros los extrañamos, claro, pero también tienen sus derechos y están reclamando algo justo»
(CUSCO, Perú) Son las seis de la mañana -una semana antes del mensaje presidencial- y se abren las líneas telefónicas en uno de los programas televisivos más sintonizados del Cusco. El tema del día –como desde hace varios días- es la huelga de los maestros del SUTER y la negativa del gobierno a dar solución a sus reclamos. Se ha cumplido un mes desde el inicio de la huelga. Dos o tres llamadas repiten los argumentos usuales a favor de la medida de fuerza, otras tantas señalan estar a favor, pero reclaman que los maestros perjudican la actividad turística y, con ello, la economía regional. De pronto, una llamada distinta resalta: un joven estudiante de secundaria del Colegio Nacional de Ciencias que, en las últimas semanas, ha participado en las protestas ante el llamado de los alcaldes escolares.
El aporte del joven es simple y muy poderoso: “La ministra dice que se preocupa porque vamos a perder el año escolar por la irresponsabilidad de los maestros… yo creo que la irresponsable es la ministra, ¿qué hace que no puede venir siquiera a conversar con los profes?”. Luego de algunas frases más, añade: “esos que llaman quejándose de los profes seguro mandan a sus hijos al (colegio) particular, por eso recién después de un mes les interesa denunciar que hemos perdido clases, por eso les duele más que no haya turismo, pero no dicen nada de que mis compañeros no van a poder postular a la universidad ni a Beca 18”.
Veinte días después, la huelga continúa, pero esta vez el gobierno demanda que los maestros y alumnos regresen a clases. Los periodistas cusqueños se internan en los diferentes colegios para constatar lo previsible: a pesar de las fotos publicadas por el MINEDU, la asistencia de los alumnos es parcial y los docentes no están. En la G.U.E. Inca Garcilaso de la Vega, un periodista entrevista al alcalde escolar que, increpado por la posibilidad de perder las clases, responde que comparten la misma preocupación, pero que responsabilizan a la ministra y no a los profesores. Varios padres de familia y estudiantes se muestran igual de preocupados, principalmente aquellos que cursan el quinto de media. Perder las clases, como mencionaba el estudiante cienciano varios días atrás, significa perder la Primera Oportunidad en la UNSAAC, y también perder la posibilidad de alcanzar al calendario de postulaciones del PRONABEC.
Frente a esta situación, algunos han tenido que destinar sus pocos ahorros para inscribirse en academias preuniversitarias, otros se han resignado a no postular a Beca 18 y han pasado a sus hijos a colegios particulares de dudosa reputación. Otros, los menos, indican que han accedido -gastando su dinero en cabinas de internet- a la plataforma El Cole Contigo, siguiendo la recomendación del MINEDU. A falta de panes, pasteles.
Y, así, siempre son los más vulnerables quienes resienten directamente este tipo de problemas. Los “tontos útiles”, los “azuzados”, los “comechados”, los “terroristas”, los “pedigüeños”, los “malacostumbrados”, los “aprovechados”, los “vagos”, los “incompetentes”, y demás motes que se ensayan tan impunemente en los medios de comunicación limeños. No es el hijo del congresista o el gobernador regional, ni el del funcionario de Lima, ni el del dirigente encumbrado, ni, mucho menos, del que pide que el gobierno “se ponga los pantalones” y “meta bala”. El que se jode siempre es el que ya estaba jodido.
Lo incomprensible de esta situación es que la demanda que originalmente articuló la protesta fue el cumplimiento de la promesa electoral del presidente: incrementar los sueldos a los profesores durante el primer año de su gestión. Aunque para el prefecto del Cusco el aumento era un “compromiso, no una promesa”, para los docentes la palabra empeñada fue el motivo por el que se decidieron a apoyar a un tecnócrata neoliberal en las últimas elecciones. Más aún, lejos de ser radical, como se insinúa, la posición inicial de los maestros era que el gobierno se comprometa a un aumento progresivo, pero, eso sí, en función de un calendario establecido.
Por estos motivos, a esta plataforma se fueron sumando distintas regiones a lo largo del país -a pesar de la renuencia de la dirigencia nacional controlada por Patria Roja-, así como padres de familia, alumnos articulados en las alcaldías escolares, funcionarios de la Dirección Regional de Educación, e, incluso, el Consorcio de Colegios Católicos, que agrupa a los colegios particulares más grandes de la región. De hecho, una encuesta regional publicada en el Diario del Cusco a fines de julio señala que más del 60% de los cusqueños apoya las demandas de los profesores.
Sin embargo, al gobierno parece haberle tomado más de cincuenta días ensayar una respuesta clara, aunque con un enfoque, por ahora, errado. Primero, luego de un mes de iniciada la huelga -que había transcurrido de forma pacífica-, el gobierno no tuvo mejor idea que declarar el Estado de Emergencia. Aun cuando la ministra de Educación expresó públicamente su angustia por la pérdida del año escolar, la priorización de los distritos en la aprobación de esta medida respondía, como adelantaba el joven estudiante, a una preocupación por proteger la actividad turística y los grandes consorcios de ese rubro, muchos de ellos afincados en Lima, que ven amenazados sus intereses. En las semanas siguientes, lejos de dar una respuesta a las demandas, el gobierno ha continuado actuando con indiferencia al enviar funcionarios cuya capacidad de negociación es cuestionada por parte de los manifestantes, y con desdén al responsabilizar a los maestros por la pérdida de labores y sugerir la infiltración de terroristas en las marchas.
Y, en ese sentido, la huelga que vienen acatando los maestros en el Cusco es una imagen panorámica de la tragicómica precariedad política de nuestros tiempos y de la profunda desigualdad que subsiste en el país. Las viñetas abundan. El ministro de un gobierno que no tiene partido (y que eligió candidatos a dedo) les pide a los maestros que respeten a un sindicato nacional que no hace eco de sus demandas y que “compitan” por la representación nacional antes de empezar a hacer huelgas. La Cámara de Turismo de Cusco es incapaz de presionar por la solución de las demandas para terminar con las protestas, y, por el contrario, los comerciantes del turismo -desde los yuppies hasta los hippies- piden que las Fuerzas Armadas se hagan cargo de los “terrucos” e impongan el orden. Un presidente que ganó las elecciones con el apoyo decidido del sur se desentiende de sus demandas -y sus promesas-, con lo que el sentimiento que predomina es la desazón con el sistema político. Peor aún, los profesores –y otros funcionarios regionales que se han solidarizado en la lucha- resienten la caracterización de “vagos y majaderos” que hacen de ellos funcionarios limeños que ganan cuatro veces más, pero tienen un octavo de su experiencia y esfuerzo.
¿Es posible que existan grupos radicales o filo-senderistas engrosando las filas de los manifestantes o peleando la representación de la protesta? ¿Hay un conflicto político por el control del SUTEP? No lo dude. Varios conflictólogos, apuntes en mano, están dispuestos a probar estas afirmaciones. Pero esto no empaña la legítima protesta de miles de profesores a lo largo del país. El protagonismo de estos actores no se explica solamente por sus intereses particulares, sino por el repliegue político del gobierno en el sector y por el vacío absoluto que dejaron las organizaciones políticas que deberían canalizar y dar forma al conflicto. Una tarea difícil si tomamos en cuenta que, según la encuesta antes citada, más del 40% de los cusqueños desaprueba a sus congresistas y un porcentaje similar se siente disconforme con la gestión del gobernador regional, el mismo que hace unos días se arrogó la posibilidad de negociar un cese a la protesta con esperables resultados.
Durante los cincuenta días anteriores, ningún actor político nacional se interesó realmente en articular y canalizar las demandas de los profesores, mientras que los políticos regionales están más preocupados por indignarse airadamente por el aeropuerto de Chinchero o en conseguir firmas para sus plataformas electorales. Días antes de fiestas patrias -en pleno despliegue de las protestas- congresistas y ex candidatos presidenciales de distintas tiendas se pasearon por Cusco sin decir una sola palabra sobre el conflicto. Sin nadie que haga eco de las demandas, poco o nada ha interesado este problema en la política nacional, cuya trivialidad cortesana nada tiene que ver con los problemas que se cocinan en las regiones.
En este contexto, el conflicto con el Parlamento no solo distrae al gobierno en un intercambio cada vez más alejado de las demandas de la ciudadanía, sino que limita los reflejos de los sectores críticos que –ante el obstruccionismo fujimorista- optan por defender al gobierno y sus funcionarios a rajatabla. De esta manera, la desatención ha fomentado que la protesta se prolongue, que se diversifiquen y empoderen liderazgos, y que se radicalicen algunas medidas. Hasta que, una vez que los maestros se han visto obligados a marchar hacia Lima, el Ministerio del Interior no encontró mejor fórmula para responder al conflicto que denunciar la infiltración del Movadef. Con ello, la prensa nacional, tan atinada como laboriosa, ha empezado a cubrir la protesta centrando sus reflectores sobre los «irresponsables» maestros y organizando encuestas virtuales: ¿Cree usted que ex-senderistas están detrás de las protestas?
Si todos los maestros movilizados en Cusco y Puno son filo-senderistas, entonces, estamos perdidos. Pero eso no es cierto. La firma de planillones y la identificación de “intereses políticos detrás de las protestas” (¡qué novedad!) son chivos expiatorios, son intentos pueriles de deslegitimar una protesta que creció porque -como señala Ricardo Cuenca- no se la atendió desde un inicio. Porque mientras los manifestantes esperaban la llegada de funcionarios capaces de tomar decisiones y sostenían una plataforma moderada, el presidente se dedicaba a hablar sobre los Juegos Panamericanos y sus funcionarios ignoraban sus reclamos esperando que el problema se resuelva deux-ex-machina. Porque “la toma del aeropuerto, la remoción de rieles, y el intento de protestar en Machu Picchu” son más bien hechos aislados en una protesta que se ha desarrollado de forma mayoritariamente pacífica y hasta lúdica. ¡A pesar de no tener una respuesta clara en más de cincuenta días!
Si el gobierno quiere solucionar el conflicto apelando al macartismo estamos muy mal. Más aún si lo que se busca con ello es una confrontación entre los maestros y otros sectores de la sociedad, primero azuzando a los operadores de turismo a organizar contramarchas y, ahora, buscando que los padres de familia salgan a impedir que sus hijos pierdan el año escolar. Más aun si se amenaza con descontar y, finalmente, despedir a los maestros que no retomen las clases. Lo único que está logrando el gobierno es cohesionar aún más los distintos frentes, desarticulados al inicio de la protesta, y fortalecer los lazos de solidaridad de muchos padres de familia y alumnos con los maestros. En regiones como Cusco, la gran mayoría de ciudadanos ya están hartos de unirse, gobierno tras gobierno, al baile de los que sobran.
Aunque es posible que se logre torear a los maestros en los próximos días, las estrategias empleadas hasta ahora por el gobierno son muy peligrosas y abren -cual profecía auto-cumplida- un espacio para la real radicalización de la medida de fuerza. Esto se cumple también para las medidas de fuerza en otros sectores. Atender las demandas y constituir una mesa de diálogo con la participación de tomadores de decisiones es un paso difícil pero necesario. No son claros los interlocutores, estamos de acuerdo, pero hay que hacer al menos el intento de negociar con quienes hoy se arrogan dicha representación y están dispuestos a participar de la solución del problema.
El gobierno necesita hacer política para salir del paso, pero -por el momento- se ha dedicado de lleno a la anti-política. Esperar a que las cosas se normalicen sin hacer nada, azuzar regionalismos, poner en conflicto a la población, y, sobre todo, sobredimensionar el poder de actores antisistema es una receta para la catástrofe. No es recomendable jugar con fuego en las calles cuando se tiene en frente a un Congreso controlado por pirómanos.
Paolo Sosa-Villagarcia 